El vocero del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Ginebra, Rupert Colville, dijo el viernes que "estamos preocupados por la situación... en particular con los informes de violaciones de derechos humanos que se producen en el contexto de las deportaciones de colombianos".
Esa misma preocupación, agregó, se extiende a la declaración de un "estado de emergencia" en seis municipios de la frontera, en el estado venezolano de Táchira.
Por eso pidió a las autoridades de los dos países resolver cuanto antes la crisis a través del diálogo. "Instamos a las autoridades venezolanas a garantizar que los derechos humanos de todas las personas afectadas sean plenamente respetados", enfatizó.
La disputa comenzó la semana pasada cuando el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó el cierre fronterizo luego de que presuntos contrabandistas colombianos hirieron a tres militares venezolanos, un incidente atribuido por el gobierno de Caracas a grupos paramilitares colombianos.
El mandatario declaró además el estado de emergencia en seis ciudades occidentales y deportó a por lo menos 1.100 migrantes colombianos.
El presidente de Colombia Juan Manuel Santos arremetió contra las deportaciones masivas y un encuentro entre las cancilleres de ambos países el miércoles no alivió la tensión.
En un discurso televisado el jueves, Santos anunció que había llamado a consultas al embajador colombiano en Caracas y se quejó de que autoridades venezolanas no dejaron entrar al Defensor del Pueblo a San Antonio del Táchira para constatar la situación humanitaria de los colombianos al otro lado de la frontera.
Santos pidió además una reunión de emergencia de Unasur para discutir lo que calificó de situación "inaceptable".
La protesta diplomática de Santos se produjo horas después de que Maduro apareciese en televisión acusando a su homólogo de minar los esfuerzos para la reconciliación contando mentiras. Hasta entonces Maduro había centrado sus ataques verbales en el mayor rival de Santos, su predecesor Álvaro Uribe.
Más tarde el jueves, la canciller venezolana Delcy Rodríguez anunció a través de Twitter que por instrucciones de Maduro se llamó a consultas al embajador venezolano en Bogotá. Rodríguez indicó que "revisaremos integralmente relaciones con Colombia" ante las "agresiones" que sufren los venezolanos por el "paramilitarismo" y la "guerra económica".
La llamada a consultas de un embajador se considera el equivalente diplomático a presentar una denuncia.
El gobernante partido socialista venezolano convocó una manifestación para el viernes por la tarde en Caracas en apoyo a la ofensiva contra paramilitares, migrantes y contrabandistas colombianos, a los que los funcionarios culpan de las altas tasas de criminalidad y la escasez de productos en Venezuela.
Algunos críticos colombianos y opositores al gobierno dentro de Venezuela apuntan que esta medida es un intento de Maduro para desviar la atención de la creciente inflación y la escasez de productos en los supermercados que enfrenta la nación petrolera.
La declaración del estado de emergencia permite que autoridades venezolanas registren casas sin orden judicial e irrumpan en reuniones públicas. Algunos colombianos que abandonaron el país se quejaron de abusos cometidos por el ejército en los últimos días, acusaciones que Caracas niega.
Además de los deportados, otros 5.000 migrantes colombianos abandonaron Venezuela voluntariamente.
El cierre de los pasos fronterizos en Táchira está generando pérdidas millonarias a empresas y comercios que operan en la región y se teme que, de persistir el cierre, la situación económica se agrave. Además amenaza el sustento de decenas de miles de colombianos pobres que dependen del mercado negro para subsistir.
FUENTE: Associated Press