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Entre enero y agosto han sido asesinados 180 transportistas, entre choferes de buses, minibuses, moto taxistas, taxistas y personal que se encarga de cobrar los pasajes, según datos oficiales del Observatorio del Crimen y la Violencia, de la consultora Capital Humano y Social y del Banco de Crédito.
Es el noveno paro de transportistas desde enero. Las caravanas avanzaban desde los extremos de Lima, donde vive el grueso de la población de esta ciudad con más de 10 millones de habitantes. El gobierno suspendió las clases presenciales y decretó la virtualidad durante la jornada para alrededor de dos millones de escolares de las escuelas capitalinas, además de algunas universidades.
“Marchamos por nuestra vida”, dijo a The Associated Press la cobradora Margot Ortega, madre de dos hijos, quien recibió en la cabeza un golpe de vara de la policía que la arrojó al piso cuando manifestantes colocaron neumáticos incendiados a 22 kilómetros del palacio presidencial.
“Tengo miedo que me maten o a mi pareja, que es chofer”, comentó tras frotarse con una pomada para desinflamar la contusión.
Los extorsionadores exigen a los dueños de buses o a las empresas de transportes que paguen un monto económico semanal o mensual. Las sumas son variadas. Si se niegan, matan a los conductores.
La Cámara Internacional de la Industria del Transporte ha señalado a medios de prensa que algunas empresas del transporte llegan a pagar a cinco grupos delictivos para no sufrir ataques. Indicó que 80% de las compañías de ese sector en Lima pagan a los extorsionadores.
La mandataria Dina Boluarte indicó en una actividad para el bloqueo de celulares ilícitos que trabajaba “sin descanso” por la seguridad y advirtió a los transportistas que los paros no resolverán “el problema”. También recomendó no abrir los mensajes que contienen extorsiones y denunciarlas a la policía.
“La presidenta se hace la ciega, sorda y muda; ella dice en el extranjero que hay paz en el Perú y es mentira; mire cómo mueren por la extorsión y el sicariato”, sostuvo Ortega mientras caminaba por las calles de una avenida trazada sobre un antiguo camino inca, que ahora se llama Túpac Amaru.
El domingo, Guillermo Arturo Álvarez, chofer de autobús de 59 años, ingresó a un hospital de San Juan de Lurigancho —el distrito más poblado de Perú— tras recibir dos disparos por motociclistas armados. El sábado otro conductor, el venezolano Daniel Cedeño, de 33 años, fue asesinado tras recibir cinco balazos delante de los pasajeros.
Un muro policial bloqueó el avance de las caravanas de buses varios kilómetros antes de llegar al Congreso y al palacio presidencial, cuyos alrededores estaban enrejados, observó la AP.
Además de asesinatos, el país sudamericano suma entre enero y agosto más de 150 explosiones intencionales, principalmente con dinamitas lanzadas por extorsionadores sobre casas, negocios diversos y hasta una sede de la fiscalía, según datos del Observatorio del Crimen y la Violencia.
En julio el gobierno anunció por primera vez un conteo que realizó sobre el costo anual de la criminalidad, que alcanzó el 1,7% del PIB, unos 5.000 millones de dólares.
Según datos oficiales, las denuncias por extorsión entre enero y agosto sumaron 18.385 y constituyen un incremento de 29,3% respecto al mismo periodo de 2024. Entre enero y agosto hubo 1.511 asesinatos, 13% más que en el mismo periodo de 2024.
FUENTE: Associated Press
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