El mandatario hizo énfasis en que "el gobierno exige que las FARC tienen que haber dejado las armas y haber dado el paso hacia la legalidad para poder hacer política y circular por el territorio nacional".
Agregó que su gobierno "exige una fecha fija, precisa y clara para que termine el proceso de desarme" por parte de los rebeldes. "Por ningún motivo esa fecha puede quedar abierta".
El gobierno y las FARC lamentaron el 23 de marzo el hecho de no haber podido cumplir con la fecha prevista para la firma del fin del conflicto entre las partes, como lo habían pactado en septiembre de 2015 Santos y el máximo jefe de las FARC, alias "Timoleón Jiménez" o "Timochenko".
El Ejecutivo dijo en ese momento que aún subsistían "diferencias importantes con las FARC sobre temas de fondo" para sellar la paz, en tanto que el grupo guerrillero comentó que no fue posible la firma porque "las exigencias lógicas de una prolongada y compleja guerra como la que ha padecido Colombia así lo determinaron".
En las últimas semanas las FARC han reiterado su interés de lograr la paz, pero han manifestado que este es un proceso de negociación y no de su rendición incondicional.
Carlos Antonio Lozada, uno de los principales miembros de las FARC y negociador en la mesa de conversaciones de La Habana, indicó a la revista bogotana Semana, que comienza a circular el domingo, que la propuesta de su organización "consiste en que en el momento que acordemos, no se sabe si de una vez o por etapas, la totalidad de las armas van a ser dejadas en manos de un tercero, sea un grupo de países o una organización internacional".
El jefe del equipo negociador de la guerrilla, alias "Iván Márquez", ha sugerido que es posible que a fin del 2016 se concrete el fin de la guerra en Colombia, y "Timochenko" ha advertido que las FARC no pretenden que los diálogos se prolonguen por meses y meses o incluso años.
Instalada a finales de 2012, en la mesa de diálogo se han logrado acuerdos en cuatro temas de una agenda de seis disponibles: problemas del agro, combate al narcotráfico, participación política de los rebeldes y resarcimiento a las víctimas del conflicto armado.
FUENTE: Associated Press