Entre carteles en los que se leía “Venezuela está herida en el corazón con hambre, miseria, corrupción y dictadura” varios cientos manifestantes marcharon desde el este de la ciudad pero no lograron su cometido de llegar hasta la sede de la Defensoría del Pueblo.
“Le pido a este gobierno que se vaya”, dijo Olga Damisca, de 84 años, quien se unió a la marcha en una silla de ruedas que era empujada por su hijo. “Tenemos que salir a la calle para pedir por la justicia”, agregó a The Associated Press.
Tras recorrer algunas calles los manifestantes fueron bloqueados por cientos de policías con el apoyo de dos camiones antimotines que desplegaron barreras de metal de más de dos metros de alto para impedir el avance de los manifestantes. Algunos forcejearon con la policía, que les lanzó gas pimienta para dispersarlos.
“Hemos pasado 18 años con los gobiernos chavistas y ya es hora de que se vayan. Ya no nos calamos a Maduro y mucho menos su Constituyente”, afirmó Mirian Chacón, una conserje de 53 años, mientras hacía sonar incesantemente dos pequeñas cacerolas.
Desde que se iniciaron las protestas a fines de marzo las fuerzas de seguridad han bloqueado todas las movilizaciones opositoras hacia el centro de Caracas.
El vicepresidente del partido oficialista, el diputado Diosdado Cabello, afirmó que Maduro seguirá adelante con el proceso constituyente pese a las presiones de la oposición, a la que acusó de promover acciones violentas y “terrorismo”. Cabello dijo en una concentración en el estado oriental de Monagas que la oposición “no volverá a gobernar este país más nunca”.
La coalición opositora exige al gobierno que convoque elecciones generales, abra un canal humanitario para el ingreso de alimentos y medicinas, libere a los presos políticos y respete al Congreso.
En medio de la crispación, Maduro fue señalado la víspera en Brasil de pagar 11 millones de dólares a asesores brasileños para que apoyaran la campaña electoral de 2012 del fallecido presidente Hugo Chávez. Las autoridades no han ofrecido hasta el momento comentarios sobre el caso.
La organización privada Transparencia Venezuela, que investiga casos de corrupción, exigió en un comunicado a la Fiscalía General que indague la denuncia contra Maduro y que informe al país sobre las gestiones que emprendió para procesar a los funcionarios venezolanos que supuestamente recibieron sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.
Por otra parte, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo durante una audiencia en un comité del Senado que "cada vez es mayor" el riesgo de que las milicias armadas en Venezuela se salgan de control y planteó que representa un "alto riesgo" la creciente transferencia de armas en el país sudamericano.
Las protestas han dejado 40 fallecidos, aunque la Fiscalía General solo reconoce 38; más de 800 heridos y varios centenares de detenidos, algunos de los cuales fueron enviados a tribunales militares en medio de los cuestionamientos de la oposición y organizaciones humanitarias.
Las tensiones se activaron tras dos sentencias que dictó a fines de marzo el Tribunal Supremo de Justicia contra el Congreso, de mayoría opositora, que luego fueron revertidas.
Las autoridades anunciaron la víspera la salida de Antonieta Caporale del Ministerio de Salud sin ofrecer explicaciones. El alejamiento de la funcionaria coincidió con la publicación de un informe epidemiológico, después de más de un año sin cifras, que reveló que en 2016 la mortalidad infantil subió 30% en comparación con 2015 y la mortalidad materna tuvo un salto de 66%.
FUENTE: Associated Press