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El máximo tribunal de justicia, integrado por nueve magistrados, se mantendrá reunido hasta resolver dos demandas de inconstitucionalidad del contrato que fue aprobado por la Asamblea Nacional el 20 de octubre y luego firmado por el presidente Laurentino Cortizo, lo que desencadenó desde entonces concurridas manifestaciones en la capital y en el interior del país.
El contrato permite a la subsidiaria de la canadiense Minera Panamá continuar con la extracción y comercialización de cobre por los próximos 20 años, prorrogable por otros 20, en una mina a cielo abierto levantada sobre una zona rica en biodiversidad al norte del país. Se trata de la mina de cobre más grande de Centroamérica y una de las mayores inversiones privadas en el país canalero.
Casi a medianoche, el órgano judicial informó que después de 14 horas seguidas de trabajo, los magistrados decretaron un receso hasta el sábado, cuando continuará la sesión permanente. Oficialmente no se ha informado de cuándo podrían emitir un fallo.
Durante la jornada, miles de personas llegaron a las afueras de la Corte ondeando banderas panameñas. Los manifestantes piden un pronunciamiento de inconstitucionalidad al contrato.
Las protestas son lideradas por organizaciones sociales, ambientales, magisteriales, obreros de la construcción y jóvenes que demandan la anulación del contrato y el cierre de la mina ante los riesgos al ambiente que trae la minería metálica a cielo abierto y en contra de las concesiones que consideran excesivas que el Estado otorgó a la empresa.
Además argumentan que en 2017 un contrato anterior del mismo proyecto minero fue declarado inconstitucional, aunque el Estado no cumplió con el mandato de la Corte. Juristas panameños han aconsejado que para rescindir el nuevo contrato-ley y poder hacerle frente a eventuales demandas por parte de la minera lo más conveniente es que sea declarado inconstitucional. Otros consideran que el contrato puede ser derogado con una ley aprobada por el Legislativo.
La líder ambientalista Raisa Banfield dijo a The Associated Press que el pronunciamiento de la Corte es “el último ápice de confianza a la última institución gubernamental que queda". Agregó que “sería letal para el Estado panameño que con todo lo que ya nos hicieron el Ejecutivo y el Legislativo en reiteradas ocasiones el Judicial no cumpla con su deber constitucional de restituir el orden jurídico y la paz social".
La concesión minera está ubicada sobre las municipalidades de Donoso y Omar Torrijos, en la vertiente del Caribe en la provincia de Colón.
“Donoso es una de esas áreas claves para la biodiversidad reconocida a nivel mundial por su valor. En esa región hay plantas, animales y hongos que son únicos o endémicos”, dijo a la AP Guido Berguido, de Adopta Bosque, una fundación de conservación ambiental y que forma parte del Movimiento Panamá Vale más sin Minería, uno de los grupos que han liderado las manifestaciones.
El biólogo, que ha pasado extensas jornadas en vigilia, mencionó el caso de una diminuta rana de color rojo brillante conocida como rana venenosa de Géminis que fue descubierta años atrás en Donoso. “Nos preocupa a nosotros como biólogos que este lugar con tanto endemismo esté amenazado”, apuntó.
Las protestas, que incluyen bloqueos de las principales carreteras del país, han afectado el transporte de mercancías y el suministro de toda clase de productos. El sector empresarial dijo recientemente que las pérdidas superan los 1.700 millones de dólares, una cifra que representa el 2% del Producto Interno Bruto. La agroindustria y los sectores logístico e industrial han sido los más afectados, según empresarios.
El gobierno defendió el contrato argumentando que es fuente de unos 40.000 empleos entre directos e indirectos y señaló que los aportes de la mina son importantes a la economía del país. Destacó que con el contrato se asegura un aporte anual mínimo de 375 millones de dólares por parte de la minera.
De hecho, el Ministerio de Economía recibió hace una semana la suma 562 millones de dólares correspondientes a las obligaciones de la minera a la fecha, establecidas en el contrato-ley. Debido a que el país está a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia, el gobierno dijo que esos dineros no serán utilizados y se mantendrán en una cuenta restringida en el Banco Nacional de Panamá.
FUENTE: Associated Press
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