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El decreto de ley marcial de Yoon el 3 de diciembre, que llevó a las tropas de las fuerzas especiales a las calles de Seúl, sumió a Corea del Sur en un tumulto político y causó preocupación entre sus principales socios diplomáticos y vecinos. El sábado, Yoon evitó un intento de juicio político liderado por la oposición, con la mayoría de los legisladores del partido gobernante boicoteando una votación parlamentaria.
Sin embargo, los partidos de oposición prometieron presentar una nueva moción de juicio político contra él esta semana.
Bae Sang-up, un funcionario del Ministerio de Justicia, dijo en una audiencia parlamentaria que se le prohibió a Yoon salir del país siguiendo las solicitudes de la policía, los fiscales y una agencia anticorrupción al tiempo que expanden sus investigaciones sobre las circunstancias que rodearon la toma de poder de Yoon.
El lunes, un funcionario de alto rango de la Agencia Nacional de Policía informó a los reporteros locales en una sesión informativa que la policía también puede detener a Yoon si se cumplen las condiciones. El contenido de la sesión informativa fue compartido con The Associated Press.
Aunque un presidente en funciones de Corea del Sur tiene inmunidad frente a procesos judiciales estando en el cargo, esto no se extiende a las acusaciones de rebelión o traición. Esto significa que Yoon puede ser interrogado y detenido por la policía debido a su decreto de ley marcial, pero muchos observadores dudan que la policía lo detenga de manera forzosa debido al potencial de enfrentamientos con los miembros de la guardia presidencial. También indica que los elementos de su servicio de seguridad probablemente no permitirán registros en la oficina de Yoon, citando una ley que prohíbe los registros en sitios con secretos de Estado sin la aprobación de los encargados de esas áreas.
En el caso de la expresidenta Park Geun-hye, quien fue destituida del cargo en 2017 luego de ser destituida por el Parlamento por un escándalo de corrupción, los fiscales no lograron registrar su oficina y terminaron recibiendo documentos fuera del complejo porque miembros de la guardia presidencial lo impidieron.
Tras negarse a reunirse con los fiscales estando en el cargo, Park fue interrogada por ellos y arrestada después que el Tribunal Constitucional aprobó que enfrentara un juicio político y dictaminó su destitución como presidenta en marzo de 2017.
El principal partido de oposición, el Partido Democrático, calificó la imposición de la ley marcial de Yoon como “rebelión inconstitucional, ilegal o un golpe de Estado”. Ha presentado denuncias ante la policía contra al menos nueve personas, entre ellas Yoon y su exministro de defensa, por las acusaciones de rebelión.
Los fiscales surcoreanos arrestaron el domingo al exministro de Defensa Kim Yong Hyun, quien supuestamente recomendó que Yoon declarara la ley marcial. Se convirtió en la primera persona detenida en el caso de la ley marcial.
El Ministerio de Defensa suspendió por separado a tres comandantes militares de alto rango la semana pasada por su presunta participación en la imposición de la ley marcial. Estaban entre los acusados por la oposición de rebelión.
El sábado, Yoon emitió una disculpa por el decreto de ley marcial, diciendo que no eludirá la responsabilidad legal o política por la declaración. Dijo que dejará a su partido trazar un curso a través de la agitación política del país, “incluidos los asuntos relacionados con mi mandato”.
Desde que asumió el cargo en 2022 para un único mandato de cinco años, Yoon, un conservador, ha estado en un curso de colisión casi constante con sus rivales liberales que controlan el Parlamento. Los liberales han presentado mociones buscando destituir a algunos de sus principales funcionarios y lanzaron una férrea ofensiva política contra Yoon por una serie de escándalos que involucran a él y a su esposa.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: Associated Press
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