El procurador general Raúl Cervantes presentó las disculpas como un tribunal había ordenado a la PGR que lo hiciera e indemnizara a las mujeres por el tiempo que estuvieron en prisión.
Las mujeres otomíes fueron detenidas en 2006 durante una operación contra la piratería en un mercado callejero en el estado de Querétaro porque seis agentes de la PGR dijeron que varios vendedores furiosos los habían retenido en contra de su voluntad.
Las tres mujeres fueron condenadas y sentenciadas en primera instancia a 21 años de prisión por secuestro.
Jacinta Francisco Marcial fue excarcelada en 2009 y Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, en 2010, después de que la Suprema Corte les revocó las sentencias al considerar insuficientes las pruebas presentadas contra ellas.
Según diversos detractores, los fiscales inventaron las pruebas en contra de las tres mujeres.