Los canales de la televisión local mostraron a decenas de agentes de la policía en la sede del grupo de derechos humanos hasta la que llegaron centenares de militantes de izquierda y exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), al que De Bonafini estuvo muy vinculada, para intentar evitar su detención.
Los policías permanecieron fuera de la sede pero en ningún momento hicieron algún movimiento evidente para intentar arrestarla.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó su arresto tras declararla en rebeldía por no prestar declaración indagatoria a la que había sido citada el jueves. De Bonafini ya se había ausentado de una primera citación el 7 de julio.
"Les agradezco a todos los que se movilizaron", dijo De Bonafini en una improvisada rueda de prensa frente al edificio de la organización en medio de los aplausos de sus simpatizantes.
"Vamos a seguir en esta posición inclaudicable de no dejar que sigan avanzando sobre nosotros", añadió.
El juez investiga desde 2011 el desvío de 200 millones de pesos (unos 14 millones de dólares a la cotización actual) provenientes de las arcas públicas para un proyecto de construcción de viviendas populares registrado a nombre de las Madres de Plaza de Mayo.
De Bonafini, madre de dos desaparecidos durante la dictadura de 1976 a 1983, ha negado los cargos y apuntó contra los ex apoderados de la organización, los hermanos Pablo y Sergio Schoklender.
"No sé qué va a pasar ni hasta dónde son capaces de ir, pero con el mismo valor y seguridad de que el único camino es el proyecto nacional y popular que conduce" Fernández "vamos a enfrentar" la investigación judicial, dijo Bonafini a periodistas al conocerse la orden del juez.
"Si nos quieren poner presas, que nos pongan", agregó.
La justicia determinó que parte del dinero destinado al proyecto fue desviado a empresas no relacionadas con la construcción que luego lo lavaron a través de la compra de distintos bienes.
De Bonafini y varios exintegrantes del gobierno de Fernández cargaron contra el actual mandatario Mauricio Macri, al que acusaron de estar detrás de la decisión del juez.
"Macri, pará la mano", dijo De Bonafini al tiempo que Axel Kicillof, ministro de Economía de Fernández y actual diputado por su movimiento político, el Frente para la Victoria, sostuvo que "los perseguidos son los que luchan por el pueblo".
El juez también citó a declarar a los Schoklender, al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, uno de los funcionarios con más poder del gabinete de Fernández, además de a tres exgobernadores y a un actual mandatario provincial, todos ellos de distritos en los cuales se construirían las viviendas de las Madres.
FUENTE: Associated Press