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La ley, que fue impulsada por miembros del partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu y sus aliados de ultraderecha, se aprobó con una votación de 61-41. Sin embargo, expertos legales indicaron que cualquier intento de implementarla probablemente llevará a su anulación en cortes israelíes.
Se aplicará a los ciudadanos palestinos de Israel y a los residentes de la zona anexionada de Jerusalén Oriental que hayan sabido de antemano sobre los ataques de sus familiares o que “expresen apoyo o identificación con el acto de terrorismo”.
Serán deportados, ya fuera a la Franja de Gaza u otro lugar, por un período de 7 a 20 años. La guerra entre Israel y Hamás continúa en Gaza, donde decenas de miles han sido asesinados y la mayoría de la población se ha visto desplazada, a menudo varias veces.
No queda claro si la norma se aplicará en la ocupada Cisjordania, donde Israel ya tiene una arraigada política de demolición de las casas familiares de los atacantes. Los palestinos han realizado decenas de ataques con apuñalamientos, tiroteos y vehículos contra israelíes en los últimos años.
Oded Feller, asesor legal de la Asociación para los Derechos Civiles en Israel, tachó la medida de “tonterías populistas”. Afirmó que era poco probable que se aplicara, ya que no existe una manera legal para que el Ministerio del Interior envíe a un ciudadano israelí a otro país o a Gaza. Su organización no planea impugnar la ley a menos que las autoridades intenten hacerla cumplir, en cuyo caso prevé que cualquier desafío legal tenga éxito.
El doctor Eran Shamir-Borer, investigador senior en el Instituto de Democracia de Israel y exasesor en derecho internacional para el ejército israelí, coincidió en que si la ley llega ante la Corte Suprema, es probable que sea anulada. Añadió que si un residente de Jerusalén Oriental fuera deportado bajo esta ley, podría ser visto por muchos en la comunidad internacional como una violación de la Cuarta Convención de Ginebra, ya que consideran la zona como territorio ocupado, aunque Israel no lo haga.
La deportación de un ciudadano israelí podría ser vista no sólo como una violación de sus derechos constitucionales bajo la ley israelí, sino también como una infracción de sus derechos humanos bajo el derecho internacional, señaló. La ley también podría ser considerada como una forma de castigo colectivo y como discriminatoria, porque parece aplicarse sólo a ciudadanos y residentes árabes, y no a familiares de judíos condenados bajo leyes de terrorismo.
“La conclusión es que esto es completamente inconstitucional y un claro conflicto con los valores fundamentales de Israel”, dijo Shamir-Borer.
Israel capturó en la Guerra de los Seis Días de 1967 la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, territorios que los palestinos reclaman para su futuro Estado. Israel retiró colonos y soldados de Gaza en 2005 pero ha reocupado partes del territorio desde el ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamás que desencadenó la guerra actual.
Israel se anexionó Jerusalén Este en un movimiento no reconocido por la mayoría de la comunidad internacional. Los palestinos allí tienen residencia permanente y se les permite solicitar la ciudadanía, pero la mayoría elige no hacerlo, y aquellos que lo hacen enfrentan una serie de obstáculos.
Los palestinos que viven en Israel suponen en torno al 20% de la población del país. Tienen ciudadanía y derecho al voto pero enfrentan una discriminación generalizada. Muchos también tienen lazos familiares cercanos con aquellos en los territorios y la mayoría simpatiza con la causa palestina.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: Associated Press
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