Human Rights Watch, con sede en Nueva York, emitió el lunes un comunicado al respecto, un mes más tarde de que el presidente indonesio, Joko "Jokowi" Widodo, ordenara a las autoridades que empiecen a documentar la ubicación de fosas comunes de las estimadas más de 500.000 víctimas de las masacres "anticomunistas" registradas en 1965 y 1966.
El gobierno dijo que formaría un equipo para investigar 122 supuestas fosas comunes, localizadas por grupos de defensa de las víctimas.
Human Rights Watch también pidió al gobierno que organice seguridad en estos lugares para evitar exhumaciones no autorizadas. Si no cuentan con asesoría de expertos forenses, las tareas de exhumación pueden destruir pruebas clave y complicar enormemente la identificación de los cuerpos, indicó la agencia en un comunicado.