El jueves fueron detenidas 23 personas acusadas de participar en el caso, entre ellos exfuncionarios y empresarios.
La fiscalía solicitó al juzgado incluir en el caso a Pérez Molina, a Baldetti, y a su yerno y ex secretario privado Gustavo Martínez, todos en prisión por otros casos de corrupción.
La fiscal general Thelma Aldana, en conferencia de prensa, dijo que financistas anónimos entregaron financiamiento al Partido Patriota a cambio de favores, entre ellos los canales de televisión guatemaltecos a cambio de que se les diera pauta comercial.
Iván Velásquez, titular de la Comisión, dijo que la organización política realizó actividades ilícitas triangulando fondos.
"Así el Partido Patriota ingresó dinero a la campaña que provenía de empresas y personas particulares, pero que fueron ocultadas por medio de empresas de Juan Carlos Monzón, (ex secretario privado de Baldetti) y de otra persona. Las empresas o financistas entregan a empresas de Monzón y ellos aparecen con aportes al Partido Patriota, cuando en realidad es un financiamiento anónimo", dijo Velásquez.
El Comisionado dijo que el solo hecho de ser un financista anónimo es un delito y que los empresarios habrían entregado al menos 500 millones de quetzales (unos 65,3 millones de dólares), a cambio de favores y contratos publicitarios.
La fiscalía confirmó que Flavio Montenegro, directivo del banco G&T continental, y Fernando Peña, de Banrural, contribuyeron a ocultar el financiamiento ilícito.
El juez Miguel Ángel Gálvez confirmó a la Associated Press que se emitieron al menos 45 órdenes de captura.
Gálvez dijo inicialmente que entre ellos se encontraba un exministro de Energía y Minas, Erick Archila, pero horas después aclaró que se había equivocado.
"Por este caso no tiene orden de aprehensión esta persona", dijo el juez en alusión a Archila.
Entre los detenidos figura el director del Registro Nacional de las Personas, Rudy Gallardo.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) participa junto a la fiscalía en las investigaciones y detenciones del caso. Este es el tercer caso fincado contra Pérez Molina y el cuarto para Baldetti.
El presidente guatemalteco Jimmy Morales, a través de redes sociales, dijo sentirse "realmente indignado de la ambición desmedida de los exfuncionarios".
Luego, junto a la fiscal general, Morales anunció que ha solicitado que todo lo relacionado al caso TCQ, donde el ex presidente Pérez Molina firmó un contrato de usufructo por 25 años para la construcción de una terminal portuaria en el pacífico guatemalteco y del cual habría recibido sobornos por 30 millones de dólares, sea objeto de extinción de dominio.
"Lo hemos solicitado y el juez ha accedido a la extinción de esto", confirmó la fiscal Aldana.
FUENTE: Associated Press