Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITE
El presidente Daniel Noboa argumentó en un decreto que la medida se debe a “las paralizaciones que han alterado el orden público, provocando situaciones de violencia manifiesta" y afectando el "derecho a la libre circulación, al trabajo y al ejercicio de actividades económicas”.
El estado de excepción restringe el derecho a la reunión y otorga el control del orden público a la policía y las Fuerzas Armadas. Las provincias afectadas son Carchi, fronteriza con Colombia; Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo.
Al final del día, unas 700 personas, entre estudiantes universitarios y trabajadores, realizaron una manifestación pacífica por las calles del centro norte de la capital en contra del alza del diésel, que por momentos derivó en roces con la policía, especialmente cuando circulaba cerca del Palacio de Gobierno, pero no pasó a mayores.
El Ejecutivo dispuso el viernes la eliminación de un subsidio de 1.100 millones de dólares al diésel, usado por el transporte pesado, de pasajeros y el sector agrícola, entre otros. Ello produjo que el precio del galón subiera de 1,80 dólares a 2,80 dólares.
Para reducir el impacto de la medida las autoridades ofrecieron el pago de compensaciones monetarias desde 400 a 1.000 dólares mensuales a los transportistas y programas de apoyo social y agrícola, así como la entrega de tractores.
Durante el fin de semana se reportaron protestas menores, pero la víspera importantes vías amanecieron bloqueadas por grandes vehículos de carga.
El gobierno ha advertido que está abierto al diálogo, pero no “a la negociación ni a la extorsión” por parte de los sectores afectados. Añadió que no cederá en su decisión de eliminar el subsidio y usar esos fondos para beneficiar a quienes realmente lo necesitan.
El transporte público en las grandes ciudades funcionaba con relativa normalidad.
Sindicalistas de distintos sectores anticiparon que radicalizarán las protestas en rechazo a la medida, en tanto la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas, la mayor de su tipo en el país, dijo que el gobierno “está llevando al límite la paciencia popular”.
Durante los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), levantamientos indígenas en rechazo al aumento del precio de los combustibles sumergieron al país en la violencia durante tres semanas y llevaron a esos presidentes al borde de la renuncia.
Noboa, que asumió su segundo mandato en mayo, ha puesto en marcha una política de ajuste fiscal que ha incluido el despido de miles de trabajadores y la reclasificación de los salarios de los empleados estatales.
En junio el gobierno también creó un impuesto para la gran minería y eliminó el subsidio para los combustibles en el sector pesquero industrial.
FUENTE: Associated Press
Suscribite a nuestro Newsletter