Los ex combatientes —algunos de ellos vestidos con ropas militares y acompañados de familiares— recorrieron unos dos kilómetros hacia la sede del gobierno, pero unidades de choque de la policía les cerraron el paso.
El dirigente de los veteranos, Daniel Hernández, acusó al presidente Salvador Sánchez Cerén de no tener la voluntad para darle cumplimiento a una ley aprobada el año pasado por la Asamblea Legislativa que les otorga beneficios.
"Estamos aquí parta pedirle al presidente que intervenga y que seamos incluidos en el presupuesto general de la nación; nosotros no estamos pidiendo nada, estamos exigiendo que se cumpla la ley", dijo a la AP Hernández, un ex combatiente del Frente Farabundo Martí (FMLN).
La Comisión Administradora de la Ley de Beneficios de Veteranos de Guerra, dependencia del ministerio de Gobernación, argumenta que no tienen dinero para cumplir con las exigencias de los ex combatientes, y promete gestionar que esa demanda sea incluida en el presunto general de la nación de 2017.
Hernández aseguró que el gobierno pretende entregarles una pensión de 129 dólares mensuales y arremetió contra el presidente que, según dijo, gasta más en sus mascotas.
Los veteranos exigen una indemnización de 10.000 dólares y una pensión vitalicia de 500 dólares mensuales, así como viviendas, becas, créditos y programas de salud integral, para los 94.614 ex combatientes de ambos bandos de la guerra civil salvadoreña (1980-1992) incluidos en un censo realizado por el gobierno.
La Asamblea Legislativa aprobó en noviembre una ley para que ese sector obtenga beneficios sociales. La norma establece que los veteranos tienen derecho a recibir atención privilegiada en salud, educación, becas, créditos, inserción productiva y otros beneficios, aunque no determinó la cuantía de la pensión o la indemnización.
FUENTE: Associated Press