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En un informe al que tuvo acceso The Associated Press, la CIDH indicó que durante una visita al país realizada entre el 22 y el 26 de julio “verificó de primera mano la crisis que atraviesa el sistema de justicia en Guatemala, derivada de una serie injerencias sistemáticas dirigidas a socavar la independencia judicial”.
La Comisión, con sede en Washington, indicó que esta criminalización es posible porque el Ministerio Público, algunos sectores del Poder Judicial y otros actores "manipulan el aparato judicial con el objetivo de perpetuar la impunidad y la corrupción”.
No es la primera vez que instituciones internacionales denuncian una criminalización por parte de la Fiscalía. Ya en 2024 la Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, cuestionó al Ministerio Público guatemalteco por perseguir a funcionarios judiciales, líderes sociales y periodistas por sus denuncias contra la corrupción.
El Ministerio Público es dirigido desde 2018 por María Consuelo Porras, sancionada por 42 países, entre ellos Estados Unidos que le ha prohibido a ella y a varios de sus fiscales la entrada a sus territorios por socavar la democracia en el país centroamericano y obstaculizar la lucha anticorrupción.
Desde 2022, durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024) —que nombró para un segundo período a Porras—, al menos 100 operadores de justicia, activistas y periodistas que investigaron la corrupción y crímenes de lesa humanidad se han exiliado.
El informe de la CIDH indicó que el Ministerio Público utiliza a sus fiscalías para acciones penales selectivas en colusión con personas u organizaciones que interponen denuncias que son aceptadas sin control riguroso de su legalidad.
Dos casos paradigmáticos son la detención del periodista José Rubén Zamora, que lleva más de tres años preso sin juicio ni condena, procesado en dos casos distintos por lavado de dinero —en el que un juez no le permitió presentar pruebas de descargo— y por supuestamente mentir en el primer caso.
El segundo es el de los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exmiembros de una organización indígena y campesina que lideró las protestas de 2023 contra la fiscal Porras por tratar de impedir que asumiera la presidencia Bernardo Arévalo, que había ganado la segunda vuelta electoral. Ambos llevan casi ocho meses en prisión.
El informe advirtió además sobre un escenario de “connivencia de los poderes Legislativo y Judicial orientado a restringir la autoridad del Poder Ejecutivo”. Varias organizaciones han denunciado que funcionarios legislativos y judiciales se protegen mutuamente cuando hay acusaciones de corrupción.
El estudio también reportó los problemas que atraviesan los pueblos indígenas, que viven en condiciones menos favorables que el resto de la población, con limitaciones al acceso a servicios básicos, energía eléctrica, saneamiento y limitadas oportunidades laborales y productivas. A su vez destacó que mujeres, niñas y comunidades LGBTI son víctimas de la violencia.
El reporte dio 43 recomendaciones para hacer frente a los desafíos en materia de institucionalidad democrática e independencia judicial, basados en la protección y garantía de los derechos humanos, la lucha contra la impunidad, la memoria histórica y la reparación integral de las víctimas. Asimismo sugirió un examen independiente sobre el funcionamiento del Ministerio Público y su impacto en los derechos humanos en los últimos siete años —el período de Porras—, con el fin de proponer reformas a su ley de creación.
Organizaciones civiles anunciaron en noviembre la creación de una “Plataforma Guatemala contra la Persecución Política” con el fin de registrar y documentar la criminalización con miras a juicios y demandas locales e internacionales.
Desde 1982 la CIDH ha realizado 12 visitas a Guatemala y ha publicado ocho informes especiales y 16 de seguimiento sobre la situación general del país.
FUENTE: Associated Press
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