Las medidas endurecen el entorno en Brasil para gigantes como Google, Meta y TikTok, que desde hace tiempo intentan desvincularse de los delitos online cometidos por usuarios.
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SUSCRIBITESAO PAULO (AP) — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó dos decretos el miércoles que aumentan la presión sobre las grandes empresas tecnológicas al incrementar su responsabilidad por contenido ilegal compartido por sus usuarios y allanar el camino para que un organismo gubernamental investigue su respuesta a este tipo de casos.
Las medidas endurecen el entorno en Brasil para gigantes como Google, Meta y TikTok, que desde hace tiempo intentan desvincularse de los delitos online cometidos por usuarios.
El primer decreto introduce adaptaciones clave a las normas gubernamentales para alinearlas con una decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil que responsabiliza a las empresas tecnológicas si se niegan a retirar contenido por orden judicial. También permite que la agencia nacional de protección de datos del país investigue esos casos. El segundo decreto establece directrices para la protección de las mujeres en el entorno digital.
El gobierno indicó en un comunicado que, a partir de ahora, las plataformas deben analizar cualquier denuncia y, si el contenido se considera delictivo, retirarlo de inmediato, al tiempo que comunican la decisión a la persona responsable. Entre las posibles sanciones por incumplimiento figuran advertencias, multas y suspensión temporal.
Las empresas no han comentado sobre la decisión del gobierno.
Patricia Peck, consejera de la Autoridad de Protección de Datos de Brasil y autora de 46 libros sobre derecho y tecnología, señaló que los poderes Ejecutivo y Judicial del país han presionado para que las grandes tecnológicas sean proactivas contra los delitos en línea, pese al evidente estancamiento del debate en el Congreso.
“Como no tenemos una legislación específica para responsabilizar a estas plataformas, estamos tomando un camino alternativo”, declaró Peck a The Associated Press. “Quienes desarrollan estas tecnologías deben pensarlo con una perspectiva de ética, privacidad y seguridad como estándar”.
Desde el fallo de la corte suprema el año pasado, estas empresas han tenido que monitorear activamente el contenido que incluye discursos de odio, racismo e incitación a la violencia y actuar para retirarlo.
El anuncio de Lula también amplía la capacidad de la ley vigente para abordar el crecimiento del fraude digital, las estafas y nuevas formas de violencia en internet.
Mattheus Puppe, experto en derecho digital de Brasil, afirma que los decretos buscan impedir que las plataformas se beneficien de publicaciones ilegales y reforzar la decisión del tribunal federal. Pero duda de que las iniciativas del gobierno realmente obstaculicen los delitos en línea.
“No está claro qué tan bien funcionará esto porque la agencia elegida para investigar los casos apenas puede hacer su trabajo ahora”, sostuvo Puppe. “Pero es cierto que no debería depender de las empresas saber qué es legal y qué no”.
El enfoque de Brasil se parece cada vez más al de la Unión Europea, que ha buscado poner freno al poder de las redes sociales y otras plataformas digitales.
Pero ha inquietado la relación entre la nación sudamericana y el gobierno de Estados Unidos. Los críticos manifestaron preocupación de que la medida pueda amenazar la libertad de expresión si las plataformas retiran de forma preventiva contenido que pudiera ser problemático.
A principios de este año entró en vigor una ley que busca proteger a los menores de contenido en línea adictivo, violento y pornográfico. La legislación exige que los menores de 16 años vinculen sus cuentas de redes sociales a un tutor legal para garantizar la supervisión y prohíbe que las plataformas utilicen funciones adictivas como el desplazamiento infinito y la reproducción automática de videos.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP

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