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SUSCRIBITEALEXANDRIA, Virginia, EE.UU. (AP) — Una jueza federal que bloqueó la creación de un “fondo antiinstrumentalización” de 1.800 millones de dólares para compensar a aliados políticos del presidente Donald Trump no se dejó convencer por las garantías que ofreció el viernes un abogado del gobierno, quien dijo que la administración ha abandonado el concepto.
La jueza de distrito Leonie Brinkema, en Virginia, no resolvió desde el estrado la solicitud del gobierno para desestimar una demanda que impugna la creación y el funcionamiento del fondo. Pero rechazó la idea de que las reclamaciones del caso hayan quedado sin objeto porque el gobierno de Trump afirma que el fondo está muerto y no seguirá adelante.
“Los asuntos que subyacen a este caso siguen vivos y coleando, en mi opinión”, afirmó Brinkema.
El fondo para compensar a aliados políticos de Trump se topó con una feroz reacción bipartidista y amenazó con descarrilar la confirmación en el Senado del secretario de Justicia Todd Blanche. Blanche emitió el 2 de agosto una orden formal para poner fin al fondo, tras negociar durante semanas con dos senadores republicanos que querían ver la promesa por escrito antes de respaldar su nominación.
“El caso ha quedado sin objeto”, le dijo a Brinkema el abogado del Departamento de Justicia Andrew Block. “La falta de objeto se ha abordado en cada etapa”.
Pero la jueza señaló que las garantías de Blanche se han visto debilitadas por el presidente y otros funcionarios del gobierno. El presidente republicano siguió expresando públicamente su apoyo al fondo incluso mientras Blanche insistía en que estaba muerto.
“Se contradicen todo el tiempo”, afirmó la jueza.
El gobierno creó el fondo de conciliación para resolver la demanda de Trump contra el IRS por la filtración de sus declaraciones de impuestos. El plan desató indignación ante la idea de que simpatizantes de Trump que atacaron a policías durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 pudieran ser elegibles para recibir pagos.
Abogados del grupo de defensa legal Democracy Forward presentaron una demanda en mayo y pidieron al tribunal de Alexandria, Virginia, que suspendiera temporalmente la implementación del fondo y que impidiera que el gobierno de Trump desembolsara cualquier pago. Los abogados de los demandantes sostuvieron que el gobierno no puede desviar dinero de los contribuyentes a un fondo opaco para enriquecer a los aliados del presidente.
Brinkema, quien fue nominada al cargo por el presidente demócrata Bill Clinton, aceptó en junio prorrogar una orden que bloquea el fondo hasta nuevo aviso del tribunal.
La abogada de Democracy Forward, Pooja Boisture, le dijo a la jueza el viernes que lo más probable es que la administración siga adelante con el fondo, “ya sea en su versión actual o en una nueva”, si se levanta su orden.
Entre los demandantes en la acción legal de Virginia figuran un fiscal despedido y un profesor universitario absuelto de agredir a agentes federales en una protesta. También aparecen como demandantes el grupo de vigilancia gubernamental Common Cause, la ciudad de New Haven, Connecticut, y la National Abortion Federation, una asociación de proveedores de servicios de aborto.
“Esta maquinación es un intento sin precedentes, ilegal y corrupto de manipular el proceso legal y las leyes destinadas a prevenir la interferencia política para obtener beneficios que el presidente Trump y sus aliados políticos no podrían haber conseguido legalmente”, escribieron los abogados de los demandantes.
Los abogados del Departamento de Justicia argumentan que los demandantes no tienen base legal para hacer reclamaciones que impugnan un fondo que “nunca ha existido y no existirá”.
“Ha llegado el momento de detener esta inquisición”, escribieron.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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