Tras dos días de audiencia, la jueza Silvana Velasco acogió el pedido de la Fiscalía y dispuso la medida contra Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, ubicada 182 kilómetros al norte de Quito , un juez y otros seis funcionarios judiciales y municipales de esa localidad, informó la Fiscalía en su cuenta de X.
Los acusados fueron arrestados el miércoles durante un operativo en el que participaron 200 agentes policiales.
El Ministerio Público sostiene que los ocho detenidos realizaron operaciones financieras “inusuales e injustificadas” que fueron detectadas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico por al menos 15 millones de dólares.
“Estamos frente a una actuación arbitraria de la Fiscalía”, señaló el jueves a la prensa Gustavo García, abogado de Villacís, al asegurar que el ente acusador no presentó documentos financieros “sometidos a un peritaje” que sustenten los cargos imputados a su cliente.
“Se trata de una injusticia más”, dijo Villacís el miércoles mientras era trasladado a la unidad judicial.
El ministro del Interior, John Reimberg, sostuvo tras el operativo que con el dinero de “posible origen ilícito” se realizaron transferencias a un juez, una funcionaria municipal e incluso personas con antecedentes penales.
Tras la decisión judicial, la Fiscalía cuenta con 90 días para justificar un eventual pedido de juicio contra los presuntos involucrados.
En tanto, el Concejo Municipal de Esmeraldas otorgó el jueves una licencia de 44 días a Villacís mientras resuelve su situación jurídica.
Villacís llegó a la alcaldía de Esmeraldas en 2023 en representación del movimiento Revolución Ciudadana (RC), el mayor grupo político de oposición al gobierno y que es liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien se encuentra prófugo tras ser sentenciado por corrupción.
La detención de este alcalde se suma a la de su colega de Guayaquil, Aquiles Álvarez, arrestado e investigado por supuesto tráfico de combustible y a la del alcalde de Pujilí, José Arroyo, quien enfrenta un juicio por presunto peculado. Todos llegaron a sus cargos en representación de la RC.
Dicha agrupación rechazó el miércoles en un comunicado la acción contra Villacís y la calificó de “persecución política” con el objetivo de impedir su participación en las elecciones de alcaldes y prefectos previstas para noviembre.
FUENTE: AP