La decisión se da a seis días de la detención de Aguirre, que sacudió al estamento político mexicano y volvió a poner el foco de atención en el caso, el más representativo de la crisis de desapariciones que ha golpeado por décadas a México. Hasta la fecha, más de 134.000 personas están desaparecidas.
El exgobernador, quien es uno de los exfuncionarios de más alto rango detenido por el caso, fue vinculado a proceso la madrugada del miércoles bajo la hipótesis de que habría ocultado información de “alta relevancia” para las investigaciones, dijo en un comunicado la Fiscalía General de México.
El juez del caso ratificó la prisión preventiva del exgobernador, de 70 años, quien permanecerá recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
Aguirre dirigió Guerrero de 2011 a octubre de 2014, un mes después del crimen que ocurrió en la ciudad de Iguala entre el 26 y 27 de septiembre.
A casi doce años del hecho no está claro ni el móvil del crimen ni el destino de los estudiantes, aunque se encontraron restos calcinados de tres de los jóvenes y se presume que todos fueron asesinados por miembros de un cártel local que traficaba heroína y que actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, incluidos militares.
Según la fiscalía mexicana, el exgobernador habría participado en el ocultamiento de los videos que pudieron haber registrado los hechos.
Durante la audiencia inicial, que se extendió por más de 14 horas, la defensa de Aguirre objetó los señalamientos del Ministerio Público alegando que el entonces gobernador no se encontraba en Guerrero cuando presuntamente recibió las grabaciones y ordenó su destrucción, sino que estaba en la Ciudad de México.
Aguirre, exmilitante del Partido de la Revolución Democrática — de donde surgió el oficialista Morena —, fue apresado el 6 de agosto en el Estado de México por funcionarios federales. Su detención se dio a casi cuatro años del arresto del exprocurador federal Jesús Murillo Karam, otro de los altos exfuncionarios procesados por el caso.
Murillo Karam, quien enfrenta acusaciones de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, obtuvo en abril de 2024 la medida cautelar de arresto domiciliario debido a su avanzada edad y los problemas de salud que padece. El mes pasado un juez le levantó la medida y ordenó el uso del grillete electrónico y restricciones de movilidad.
FUENTE: AP