El gobierno conservador de la primera ministra Giorgia Meloni manifestó que el paquete busca reforzar la integración mediante el aprendizaje del idioma y ha recibido el respaldo de aliados de derecha.
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SUSCRIBITEROMA (AP) — El gobierno de Italia aprobó un decreto el jueves para fijar un tope al número de alumnos en cada aula escolar que tienen conocimientos limitados de italiano y para prohibir en las escuelas los velos islámicos que cubren el rostro.
El gobierno conservador de la primera ministra Giorgia Meloni manifestó que el paquete busca reforzar la integración mediante el aprendizaje del idioma y ha recibido el respaldo de aliados de derecha.
Los opositores, entre ellos algunos educadores, sindicatos y partidos de oposición, advierten que las nuevas normas podrían obligar a los estudiantes a asistir a escuelas lejos de sus barrios, mientras que los críticos acusan al gobierno de politizar el tema de la inmigración.
Los analistas señalan que, con elecciones posibles a inicios del año entrante, las medidas permiten a la primera ministra reafirmar sus credenciales en asuntos centrales para su base conservadora, aunque es probable que su impacto sea limitado y persisten dudas sobre cómo se aplicarían.
Según el plan, solo el 30% de los alumnos en un aula pueden no tener suficiente dominio del italiano.
El decreto del gobierno entra en vigor de inmediato, pero necesita ser ratificado en un plazo de 60 días en el Parlamento, donde la coalición de Meloni cuenta con mayoría.
Meloni escribió en redes sociales que se trata de “medidas de sentido común que no dividen, sino que ayudan a fomentar una integración auténtica, evitando aulas ‘gueto’ y dando a todos los estudiantes las mismas oportunidades”.
El decreto llega mientras Meloni enfrenta una presión creciente por su flanco derecho por parte de un nuevo retador de línea dura, el general retirado del ejército Roberto Vannacci, que ha buscado capitalizar las preocupaciones de los votantes sobre la inmigración y la identidad nacional.
El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, indicó que las autoridades escolares locales coordinarán la asignación de estudiantes para evitar concentraciones de alumnos que no hablan italiano, mientras que las escuelas que no puedan cumplir podrían optar a exenciones y a financiación adicional para apoyo lingüístico.
El ministro afirma que afectaría a unas 1.000 aulas, alrededor del 0,3% del total en todo el país, y principalmente a aquellas con altas concentraciones de estudiantes recién llegados con poco o ningún dominio del italiano.
Directores escolares cuestionaron cómo podría funcionar la medida en zonas con grandes poblaciones migrantes.
“Desde el punto de vista educativo, el tema está bien planteado y es válido, pero es difícil convertirlo en una solución práctica”, expresó Antonello Giannelli, presidente de la Asociación Nacional de Directores Escolares.
“Tenemos situaciones en las que hay un distrito, un barrio que está habitado principalmente por inmigrantes y quizá solo hay una escuela. Así que, como se trata de niños, presumiblemente niños pequeños en primaria, es evidente que difícilmente podrán ir a kilómetros de su casa”, Giannelli añadió.
Los sindicatos de docentes criticaron lo que calificaron como una falta tanto de consulta como de recursos para la medida. Sostuvieron que el paquete de financiación del gobierno, de 14 millones de euros (16 millones de dólares), no sería suficiente para contratar a profesores especializados en idiomas y mediadores culturales necesarios para apoyar a los estudiantes.
“Las diferencias significan oportunidades, y como con toda oportunidad hay que saber aprovecharla. En la mayoría de los casos ellos (los estudiantes extranjeros) permiten que la clase enriquezca su visión del mundo”, comentó Giovanni Castagno, maestro de primaria de 52 años en el centro de Roma.
Según datos del Ministerio de Educación, los estudiantes sin ciudadanía italiana representaron el 11,2% de la población escolar de Italia en el curso académico 2022-23, mientras que las clases con más del 30% de estudiantes extranjeros representaron el 7,6% del total.
Los estudiantes extranjeros nacidos en el país quedarían exentos del tope, al igual que quienes asistieron al preescolar italiano o ya han avanzado dentro del sistema escolar.
El decreto también prohíbe los burkas y los niqabs en las escuelas, pero permite los hiyabs.
La medida es más limitada que las restricciones adoptadas en algunos otros países europeos.
Francia prohibió los velos que cubren completamente el rostro en espacios públicos en 2011, citando preocupaciones de seguridad pública, pese al reducido número de mujeres afectadas. Francia también prohíbe que los estudiantes lleven símbolos religiosos llamativos, incluidos los pañuelos islámicos, en las escuelas públicas, en virtud de su estricta doctrina de laicidad.
Críticos en Italia señalaron que la disposición aborda un fenómeno que rara vez se ve en las aulas italianas. Educadores observaron que, aunque los pañuelos son comunes entre algunas alumnas musulmanas, los velos que cubren todo el rostro casi no se ven en las escuelas, y argumentaron que la disposición corre el riesgo de convertirse en un asunto político simbólico más que educativo.
Los partidos de oposición también afirmaron que el umbral del 30% en gran medida refleja directrices ya introducidas por el Ministerio de Educación en 2010, señalando que el gobierno estaba reempaquetando una política existente en lugar de invertir en escuelas con dificultades. La líder de centroizquierda Elly Schlein acusó al gobierno de usar las escuelas para impulsar un mensaje político sobre migración.
Valditara, el ministro de Educación, rechazó esas críticas y sostuvo que el objetivo es la integración mediante la adquisición del idioma y un apoyo educativo más sólido.
El decreto prevé recursos docentes adicionales para las escuelas donde los estudiantes extranjeros recién llegados superen el 20% de la matrícula, y fondos adicionales para el aprendizaje del idioma en las escuelas que superen el umbral del 30%.
También exigiría que algunos padres de estudiantes extranjeros asistan a cursos de italiano cuando las barreras lingüísticas dentro de las familias contribuyan a dificultades educativas o de conducta.
Las escuelas remitirían a las familias elegibles a los servicios sociales, que podrían inscribirlas en un programa de apoyo a medida a través de centros de educación para adultos. Los padres que no asistan a los cursos podrían enfrentar multas de entre 200 y 1.000 euros, aunque se contemplan exenciones para quienes tengan impedimentos por edad, motivos médicos o discapacidad que dificulten el aprendizaje del idioma.
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El corresponsal Paolo Santalucia contribuyó con esta nota desde Roma.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP

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