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SUSCRIBITEASUNCION, Paraguay (AP) ? Cinco campesinos paraguayos acusados por la muerte de seis policías hace casi dos años durante un enfrentamiento en el interior de una finca en disputa en el norteño pueblo de Curuguaty completaron el sábado 15 días de huelga de hambre reclamando la nulidad del proceso judicial.
En la balacera del 15 de junio de 2012 también fallecieron 11 labriegos y siete días después fue destituido el entonces presidente Fernando Lugo en un juicio político en el Senado.
Felipe Balmori, Adalberto y Néstor Castro, Rubén Villalba y Arnaldo Quintana resolvieron no ingerir alimentos sólidos y actualmente se encuentran en el local de la enfermería de la penitenciaría Tacumbú, en la periferia de Asunción.
Los cinco son parte del grupo de 12 agricultores acusados por la fiscalía por los supuestos delitos de asociación criminal, invasión de propiedad ajena y tentativa de homicidio doloso.
Los siete restantes fueron beneficiados el año pasado con la prisión domiciliaria luego de 54 días de huelga de hambre.
En diciembre pasado, la jueza de garantías Rosa Jenine Ríos del pueblo Curuguaty, resolvió aceptar las acusaciones fiscales y ordenó que los 12 afrontaran un juicio público a iniciarse el 26 de junio en la ciudad Salto del Guairá, 400 kilómetros al noreste de la capital paraguaya.
Un fotógrafo y un periodista de The Associated Press no consiguieron llegar hasta los huelguistas pues de acuerdo con el supervisor de vigilantes José Arguello "está prohibido tomar fotos en el interior del penal, tampoco se pueden introducir teléfonos celulares".
Los cinco en ayuno voluntario remitieron una carta a The Associated Press a través de la cuenta de correo de Fabricio Arnella, miembro del comité central del Partido Comunista Paraguayo, diciendo que "estamos encarcelados hasta ahora, sin que la fiscalía haya presentado una sola prueba seria que demuestre nuestra culpabilidad en el denominado caso Curuguaty".
"La fiscalía no tiene nada en contra nuestra y sin embargo seguimos presos por el solo hecho de luchar por un pedazo de tierra haciendo uso de nuestro derecho, esas tierras son públicas, son para el campesinado pobre, para la reforma agraria que tanto necesitamos", añadió el documento.
El fiscal Jalil Rachid, en declaraciones ante la AP, afirmó que "no sabemos quién disparó, mató a los seis policías, pero sí tenemos la certeza de que los campesinos invasores del inmueble de unas 2.000 hectáreas conocido como Marina Cué emboscaron a los policías el día en que debía cumplirse una orden judicial de allanamiento".
En la parte final, la carta dice que "estamos en huelga de hambre por tiempo indefinido como homenaje a los once compañeros caídos en Marina Cué y porque esas tierras, para nosotros, son del Estado y deben ser destinadas a la reforma agraria".
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