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SUSCRIBITEBUENOS AIRES (AP) ? La Corte Suprema de Argentina dejó el martes firme una sentencia de un tribunal que ordenó la reincorporación a su puesto de trabajo de una técnica que fue despedida del organismo oficial de estadísticas tras haber denunciado la manipulación de datos.
El máximo tribunal dejó firme la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala IX), que en 2013 ordenó la reincorporación de Marcela Almeida a su puesto de trabajo en el Instituto Nacional de Estadística y Censos "y el pago de una indemnización por el daño moral que la delegada gremial sufrió por la discriminación padecida", informó el Centro de Información Judicial.
Almeida trabajaba en el área de Coordinación del Índice de Precios al Consumidor del Instituto y como delegada gremial del personal formuló denuncias por supuesta manipulación de los datos, como los de inflación, que ese organismo difundía tras la intervención del mismo a principios de 2007.
La mujer dijo haber sufrido trato discriminatorio y persecuciones que incluyeron el bloqueo de su contraseña de ingreso al sistema informático, el retiro de su computadora y la prohibición de acceder a su oficina.
Almeida acudió a la justicia reclamando la reinstalación en su puesto y una indemnización por daño moral. La cámara laboral citada compartió el criterio de un juez de primera instancia y consideró que la mujer había sido víctima de trato persecutorio como consecuencia de las denuncias efectuadas. El Estado cuestionó esa decisión ante la Corte Suprema.
Pero la Corte desestimó en su sentencia la queja presentada por no cumplir con los requisitos reglamentarios y por falta de agravio federal suficiente, dijo el Centro de Información Judicial.
El organismo estadístico fue blanco de numerosas críticas de analistas, opositores y de miembros de su propio personal por haber subestimado los índices de inflación y sobrevaluado las de crecimiento económico en los últimos años. Los cuestionamientos que también cosechó por parte del Fondo Monetario Internacional llevaron al gobierno de la presidenta Cristina Fernández a aplicar este año un nuevo índice de precios, aunque bajo la misma conducción de técnicos que está en funciones desde la intervención del organismo en 2007.
Con el nuevo índice, la tasa del aumento costo de vida de enero (3,7 y febrero (3,4%) se acercó a las estimaciones de los analistas privados.
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