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SUSCRIBITEBUENOS AIRES (AP) ? El gobierno rechazó el miércoles las denuncias que promovieron una investigación judicial para determinar si la presidenta Cristina Fernández incurrió en delito por la firma de un decreto que supuestamente beneficiaría a la petrolera estadounidense Chevron.
El decreto de 2013 fijó beneficios para las empresas petroleras con grandes proyectos de inversión justo antes de que la estatal YPF sellara un acuerdo con la estadounidense Chevron para la explotación conjunta del yacimiento de Vaca Muerta.
El jefe de Gabinete Jorge Capitanich afirmó en una rueda de prensa que "no es casualidad" que en la Argentina existan agentes internos y externos que pretenden afectar el interés estratégico del país.
"Quieren que la Argentina no explote racionalmente las riquezas...Resulta extraño este tipo de acción judicial", dijo Capitanich, quien advirtió que el gobierno seguirá promoviendo inversiones "para garantizar la producción de petróleo y gas".
Además sostuvo que los funcionarios de la justicia "pueden investigar todo lo que quieran investigar" ya que "los sistemas de negociación son claros, transparentes", y que con la firma de ese decreto "no se ha vulnerado la Constitución ni las leyes".
Diputados izquierdistas denunciaron ante la justicia en 2013 que el mencionado decreto tenía la "clara intención" de beneficiar a Chevron y que por ello la presidenta habría incurrido en los delitos de incumplimiento de deberes de funcionarios público, abuso de autoridad y contaminación ambiental.
Vaca Muerta, en la provincia sureña de Neuquén, es el tercer reservorio de hidrocarburos no convencionales del mundo.
Los jueces de la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal resolvieron el martes anular el fallo de un fiscal que había desestimado investigar a la jefa de Estado porque consideró que no había cometido delito alguno y señalaron que "existe una hipótesis penal susceptible de ser investigada, con independencia de cuál sea su resultado".
El secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, afirmó en declaraciones a Radio La Red que "no hay ninguna acusación" contra la mandataria. "La cámara dice que se investigue si ese decreto esta en colisión con la ley de hidrocarburos, no hay ninguna imputación", señaló.
El decreto en cuestión estableció un régimen promocional para las petroleras que presenten proyectos de inversión para la explotación de hidrocarburos superiores a los 1.000 millones de dólares. Las firmas interesadas tendrán, a partir del quinto año, el derecho a comercializar libremente en el mercado externo el 20% de la producción de combustibles líquidos y gaseosos sin pagar retenciones (alícuota del cero por ciento), en vez del 33% de retención efectiva que está vigente.
Un día después de la firma del decreto, Chevron anunció que desembolsaría 1.240 millones de dólares para una primera fase de desarrollo en una zona de 20 km2 que incluye la perforación de 100 pozos en Vaca Muerta.
Para los promotores de la investigación, el decreto fue ideado para beneficiar a Chevron. El abogado Enrique Viale, experto en temas ambientales y uno de los denunciantes, dijo en la víspera a The Associated Press que "estamos convencidos que hubo delito de abuso de autoridad porque viola dos leyes nacionales", en referencia a la ley de hidrocarburos y una modificatoria posterior.
Los denunciantes también cuestionan que la presidenta avale el método de exploración de petróleo y gas no convencional conocido como fracking, ya que según ellos provoca un daño ambiental "irreparable".
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