Informe ofrece inusual visión de los riesgos y desafíos que enfrentan deportados de EEUU en Haití

Hasta el momento, ni el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ni el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (ICE y DHS, respectivamente, por sus siglas en inglés) han respondido a una solicitud de comentarios.

El grupo defensor de derechos revisó las listas de pasajeros de dos vuelos de deportación en agosto. Ninguna de ellas contenía información sobre el estatus migratorio de los deportados ni los motivos de su expulsión.

La mayoría de los 44 deportados entrevistados dijo que había huido del deterioro de la seguridad y de las crisis humanitarias en Haití y se había establecido en estados de Estados Unidos, como Florida, Nueva York, Indiana y Ohio. Encontraron trabajo en sectores como la construcción, la atención médica y la fabricación.

Muchos dijeron que eran de Puerto Príncipe o de zonas aledañas, donde hombres armados controlan aproximadamente el 70% de la capital. Otros afirmaron que eran de la región de Artibonite, que está bajo ataque de pandillas violentas.

Los deportados vivieron en Estados Unidos entre dos y 14 años antes de ser enviados de regreso a Haití. Entre ellos había un hombre no identificado de 38 años que contó que había vivido en Florida desde diciembre de 2019 y que trabajó en el mismo hotel durante más de seis años.

Su esposa y su hijo de 5 años, quien es ciudadano de Estados Unidos, permanecen en Florida, según el informe.

“Trabajé para que él pudiera crecer sin el miedo, la violencia y la incertidumbre que yo había conocido en Haití”, dijo el hombre, según el informe.

Él y varios deportados más dijeron que tenían Estatus de Protección Temporal, aunque el grupo defensor de derechos señaló que no pudo verificar de manera independiente esas afirmaciones.

Una mujer de 47 años dijo que había vivido en Miami con su esposo, ciudadano de Estados Unidos, y que fue arrestada cuando acudió a una entrevista para solicitar la residencia permanente.

“Una vez detenidos, la mayoría de los entrevistados dijo que las autoridades no les permitieron contactar a sus abogados ni comparecer ante un juez de inmigración, mientras que muchos recibieron poca o ninguna información sobre sus solicitudes de asilo pendientes, los motivos de su detención o cómo podían impugnar su deportación”, indicó Human Rights Watch.

Otra deportada era una estudiante de auxiliar de enfermería de 24 años que solicitó asilo después de huir de Haití en 2023, tras el ataque de pandillas a su comunidad.

Al menos 19.380 personas fueron reportadas como asesinadas en todo Haití entre enero de 2023 y junio de 2026, según las Naciones Unidas.

El hambre y la pobreza también se agravan mientras la policía haitiana y una misión respaldada por la ONU luchan por contener la violencia de las pandillas. Se espera que más de 253.000 niños de entre seis meses y 5 años sufran desnutrición aguda en los próximos meses, según un nuevo informe del gobierno de Haití y de agencias entre las que está la UNICEF.

“Estados Unidos está devolviendo a personas, algunas con solicitudes de asilo pendientes, a un país que no tiene la capacidad de protegerlas de la violencia, y mucho menos de ayudarlas a encontrar comida y refugio”, afirmó Nathalye Cotrino, investigadora principal para las Américas en Human Rights Watch. “El gobierno de Estados Unidos debería detener de inmediato estas expulsiones”.

A los deportados que llegan a Haití se les da una comida sencilla, una bebida y unos 77 dólares en efectivo.

“Después de registrarse, los deportados fueron abandonados a su suerte, y muchos no sabían qué hacer ni adónde ir después”, se indica en el informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP