Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITENACIONES UNIDAS (AP) — Human Rights Watch y otros tres grupos de defensa presentaron el martes una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump para impugnar su campaña contra la Corte Penal Internacional, argumentando que las sanciones contra jueces y fiscales del organismo socavan la capacidad de procesar a las personas responsables de los peores crímenes contra la humanidad.
En la demanda, presentada en el Distrito Sur de Nueva York, los grupos sostienen que la orden ejecutiva emitida por Trump el año pasado, dirigida contra el tribunal penal con sede en La Haya, y las sanciones de Estados Unidos contra un experto en derechos humanos de la ONU y tres grupos palestinos de derechos representan un “ataque descaradamente ilegal contra la justicia internacional y debería ser anulado”, según un comunicado de prensa.
La demanda es el ejemplo más reciente de organizaciones que se oponen a lo que califican como los esfuerzos del gobierno de Trump por socavar el derecho internacional y frenar las iniciativas para combatir la impunidad de gobiernos en todo el mundo.
“El hecho de que tantas organizaciones líderes de derechos humanos y humanitarias se hayan unido para impugnar la orden ejecutiva ilegal de Trump demuestra el daño generalizado que causa en los grupos de la sociedad civil dedicados a llevar ante la justicia a los responsables de crímenes graves”, afirmó Andrew Loewenstein, de Foley Hoag LLP, el abogado principal que representa a los demandantes.
Los grupos sostienen que las sanciones financieras y legales contra la CPI los han obligado a “reducir una amplia gama de trabajo en derechos humanos y jurídico, en violación de sus derechos amparados por la Primera y la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y por la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa”.
Otras organizaciones que se suman a la demanda son el American Friends Service Committee, el Center for Constitutional Rights y el Open Society Institute.
Los esfuerzos por mantener el poder del tribunal mundial se producen mientras la CPI enfrenta una enorme presión, tanto interna como de sus más de 120 Estados miembros. Entre las personas sancionadas por Estados Unidos el año pasado estuvo Karim Khan, quien fue el fiscal jefe de la CPI hasta que fue apartado del cargo el mes pasado, casi dos años después de que surgieran por primera vez acusaciones de conducta sexual indebida en su contra, como se detalla en notas publicadas por The Associated Press.
El gobierno de Trump impuso esas sanciones contra Khan y una docena de empleados más de la CPI en represalia por las órdenes de arresto que el tribunal ha emitido contra altos funcionarios israelíes por la guerra en Gaza, entre ellos, el primer ministro Benjamin Netanyahu, y por las investigaciones sobre personal de Estados Unidos en Afganistán.
Desde entonces, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció el inicio de una “amplia campaña para desmantelar la amenaza que representa la Corte Penal Internacional para la soberanía de Estados Unidos”.
En un mensaje en video emitido el mes pasado, Rubio señaló que Estados Unidos presionaría a los Estados miembros para que se retiren de la institución, sancionaría a las organizaciones que trabajen con el tribunal y prohibiría al personal que viaje a Estados Unidos. Agregó que se pedirá a los países que “disfrutan de los beneficios del paraguas de seguridad de Estados Unidos” que rechacen la jurisdicción del tribunal sobre ciudadanos estadounidenses.
Poco después de las declaraciones de Rubio y de la destitución de Khan, varios países, entre ellos Venezuela, aliada de Estados Unidos, anunciaron que se retirarían del tribunal.
___
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter
