El mes pasado, en medio de la represión migratoria en curso por parte del gobierno del presidente Donald Trump, el fiscal federal interino Charles Neil Floyd escribió que su oficina se había visto desbordada por ese tipo de casos, hasta el punto de no contar con suficiente personal para atenderlos.
Las impugnaciones, presentadas como peticiones de habeas corpus ante un tribunal federal, suelen dar lugar a litigios que pueden incluir numerosas audiencias, mociones y respuestas. Floyd, quien también fue juez de inmigración, escribió en una carta al juez presidente del Tribunal Federal de Distrito, David Estudillo, que su oficina ya no asignaría abogados, salvo en los casos que considerara prioritarios.
Eso le preocupó al tribunal, ya que los jueces temían que no hubiera abogados del gobierno federal presentes para garantizar que sus órdenes de liberar a ciertos detenidos se comunicaran al Departamento de Seguridad Nacional y se cumplieran.
Floyd emitió un comunicado el martes, en el cual señaló que su oficina volverá a asignar personal para comparecer ante el tribunal en nombre del gobierno federal en todos los casos de habeas corpus migratorio.
“Tras reuniones de colaboración con los jueces del Distrito Oeste (del estado de) Washington, hemos acordado nuevos procedimientos que darán lugar a un proceso más ágil para las peticiones de habeas corpus migratorio”, manifestó.
No detalló en qué consisten esos nuevos procedimientos. Sin embargo, en un caso ocurrido el miércoles, su oficina presentó lo que denominó una “respuesta abreviada”, en la que reconoció la petición del detenido y dejó claro que el gobierno federal no tenía intención de impugnarla, solicitando en cambio al tribunal que resolviera con base en la petición del detenido y en cualquier otro escrito relacionado.
“El tribunal se complace de que la fiscalía federal comparezca en todos los casos de habeas corpus migratorio y facilite las comunicaciones con las partes a las que representa”, expresó el secretario del Tribunal Federal de Distrito, Joshua Lewis, en un comunicado enviado por correo electrónico.
Jueces de todo el país han fallado con frecuencia en contra del gobierno de Trump en casos presentados por decenas de miles de detenidos, en los que alegaban que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) los mantenía detenidos ilegalmente. El “zar” fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan, dijo recientemente a Fox News que los tribunales se han visto sobrecargados por unos 85.000 casos de habeas corpus migratorio.
En el oeste del estado de Washington, los jueces han fallado cientos de veces contra el gobierno en casos de este tipo, al concluir que era ilegal que el ICE volviera a detener a inmigrantes que previamente habían sido detenidos y luego liberados mientras esperaban la deportación u otros procedimientos, señaló Matt Adams, director jurídico del Northwest Immigrant Rights Project, una organización activista sin fines de lucro con sede en el estado.
“Se trata de personas que están en medio de procedimientos migratorios, que acudieron a su cita y luego fueron arrestadas en esa cita”, comentó Adams el miércoles. “Esto ha causado una cantidad enorme de sufrimiento: familias están siendo separadas, la gente está perdiendo empleos, las personas no tienen dinero para pagar el alquiler. En definitiva, el gobierno está insistiendo en la misma conducta y sigue arrestando ilegalmente a nuestros clientes, y los tribunales están haciendo lo que pueden para brindar alivio”.
Si la fiscalía federal no impugna los casos, señaló Adams, sus clientes podrían ser puestos en libertad con mayor rapidez de lo que habría ocurrido de otro modo. Por lo general, suele transcurrir un mes o más hasta que los detenidos son liberados tras presentar recursos de habeas corpus, indicó.
La cuestión de si los detenidos que han estado viviendo en Estados Unidos tienen derecho a una audiencia para impugnar su detención ante un tribunal migratorio mientras cuestionan la deportación está actualmente ante la Corte Suprema.
La mayoría de los tribunales de apelaciones que han examinado el tema han determinado que es violatorio de la ley federal el detener a inmigrantes —incluidos quienes viven en Estados Unidos de manera ilegal— sin una audiencia de fianza. Esas decisiones chocan con fallos de los circuitos 5º y 8º, que sostuvieron que los inmigrantes acusados de entrar y permanecer ilegalmente en el país deben seguir detenidos mientras sus casos de deportación estén pendientes.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP