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SUSCRIBITEBUENOS AIRES (AP) — La expresidenta argentina Cristina Fernández acudió el martes a la sede de los tribunales federales para prestar declaración indagatoria en el juicio en el que está acusada de haber liderado una asociación ilegal que recaudó dinero de decenas de empresarios a cambio de beneficiarlos con contratos estatales, la causa de supuesta corrupción más resonante de la historia reciente.
Fernández, quien gobernó entre 2007 y 2015, llegó al edificio donde tiene lugar el proceso judicial en un automóvil y acompañada de su custodia. Previamente, al salir de su domicilio en la capital donde cumple una condena de cárcel por corrupción, saludó con la mano y tiró besos a cientos de militantes del Kirchnerismo —la corriente de centroizquierda dentro del peronismo opositor que la tiene como referente— que se congregaron en las inmediaciones para mostrarle su apoyo con cánticos.
La líder peronista, de 73 años, comparece ante el Tribunal Oral Federal N°7 que la juzga en condición de detenida ya que se encuentra bajo prisión domiciliaria por la condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que comenzó a cumplir en junio pasado, tras ser hallada culpable de administración fraudulenta mientras ejerció su gestión.
En horas previas, Fernández criticó al tribunal por requerir su presencia en lugar de tomarle declaración indagatoria vía zoom, que es como transcurre el juicio que la tiene como principal acusada desde principios de noviembre.
Apuntando contra el ultraderechista presidente Javier Milei, Fernández dijo en su cuenta de X que la “exigencia mediática de presencialidad" y “las fotos en las tapas o los videos en la tele” no alcanzan para "ocultar el nuevo paisaje nacional....(de) fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos; locales sin alquilar y negocios vacíos; inflación superior a los dos puntos desde hace meses (pese a transitar desde hace más de dos años el ajuste económico más brutal que se recuerde)”.
La exmandataria está señalada de haber sido la jefa de una asociación ilícita que habría funcionado en el seno del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015, lo que comprende el gobierno de su marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010.
También está acusada de ser coautora en 204 oportunidades del delito de cohecho pasivo, que es el que comete un funcionario público que acepta, recibe o solicita un soborno, y de ser partícipe necesaria en una ocasión.
Los sobornos los habrían pagado empresarios para conseguir obras públicas en distintas áreas como la construcción, la energía y el transporte.
Los jefes u organizadores de una asociación ilícita pueden recibir una pena de prisión de entre 5 y 10 años. En tanto, los que cometen cohechos pasivos pueden ser castigados con hasta 6 años de cárcel.
Fernández podrá hacer uso de su derecho a no declarar y presentar en cambio un escrito.
La también exvicepresidenta (2019-2023) ha negado los cargos en este nuevo proceso que la tiene como principal imputada y sostiene que la justicia, condicionada por sectores conservadores, busca apartarla de la arena política.
Junto a Fernández también serán juzgados otros 19 exfuncionarios y 65 empresarios.
La defensa de la líder peronista sostiene que no hay testimonios ni pruebas que la incriminen, pero la Corte Suprema avaló el avance del expediente hasta la etapa del juicio oral.
La condena que tiene a Fernández bajo arresto domiciliario deriva del direccionamiento de más de 50 obras viales a un empresario allegado en una provincia del sur argentino.
La expresidenta está procesada en varias causas judiciales. Próximamente deberá sentarse de nuevo en el banquillo de los acusados para ser juzgada por el presunto encubrimiento agravado del atentado a un centro judío en Buenos Aires en 1994 a través de un acuerdo firmado en 2013 entre Argentina e Irán que habría buscado la impunidad de los iraníes acusados de haberlo planeado.
FUENTE: AP
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