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SUSCRIBITEBOGOTÁ (AP) — El último comandante de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dijo el martes estar dispuesto a defender el acuerdo de paz que firmaron hace una década, incluso con su vida, luego de advertencias del presidente electo Abelardo de la Espriella de querer llevarlo preso.
“Los discursos de odio desde tribunas privilegiadas se responden con hechos de paz, a pesar de los casi 500 firmantes asesinados; y si nos toca ser el firmante 501 asesinado, bienvenida sea la muerte”, aseguró Rodrigo Londoño, llamado en los años de guerra “Timochenko”, en un video difundido en la red social X, recalcando que exguerrilleros han sido asesinados en su regreso a la vida civil.
Londoño se pronunció tras una advertencia realizada la víspera por De la Espriella, quien reprochó en una declaración transmitida por sus redes sociales que el último jefe de las extintas FARC hubiese salido de Colombia para asistir a un seminario en España, con permiso del Tribunal de Paz, el cual lo juzga por los crímenes cometidos en cinco décadas de conflicto interno. El martes Londoño reportó su arribo a Colombia.
“Hoy vemos al criminal de guerra, alias Timochenko, en gira internacional... ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida, voy a trabajar en ello. Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de la FARC siguen impunes”, aseguró De la Espriella, de perfil conservador y apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump.
Londoño y miles de exguerrilleros de las FARC entregaron las armas y se sometieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal de justicia transicional que, a cambio de confesar sus crímenes y aportar detalles para esclarecerlos, les da sanciones que no implican cárcel, sino participación en proyectos en beneficio de las víctimas.
El acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC ha generado división entre quienes lo defienden como un hito que desarmó a la temida guerrilla y quienes lo señalan de dejar en la impunidad los crímenes de guerra.
De la Espriella ha sido crítico con el acuerdo de paz y con las instituciones que han derivado de él. En campaña dijo que haría todo lo que estuviera a su alcance para desmontar el tribunal, pese a que no ha cumplido sus 15 años de mandato.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, dijo en una reciente entrevista con The Associated Press que el tribunal cuenta con un “blindaje” constitucional en Colombia y con el apoyo de organismos internacionales como la Corte Penal Internacional, por lo que no sería sencillo que se modifique o elimine.
Anunciando lo que será su plan de reforma estatal para reducir gastos, De la Espriella dijo la víspera que acabaría con varias oficinas, especialmente con las que tienen que ver con los procesos de paz como la Unidad de Implementación del Acuerdo Final con las exFARC y la Consejería Comisionada de Paz.
Para suprimirlas, agregó el presidente electo, se trasladarían sus funciones a otros ministerios. Sin embargo, el anuncio ha generado preocupación entre los defensores de los procesos de paz.
“Diez millones de víctimas y un país fracturado, son suficiente motivo para invitar al Señor Presidente electo a respetar la palabra dada por el Estado y el mandato constitucional que consagra la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, señaló en un comunicado el colectivo civil Defendamos la Paz.
La Consejería Comisionada de Paz tiene actualmente a su cargo las mesas de negociación con otros grupos armados ilegales, incluidas disidencias de las FARC, y bandas criminales en el marco de la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro.
De la Espriella anunció desde la campaña que cambiaría la estrategia de seguridad, aumentando la presión militar sobre los ilegales y acabando con la política de paz de Petro, muy cuestionada por falta de más resultados.
FUENTE: AP
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