Según reportes de NBC News basados en fuentes familiarizadas con la propuesta, la administración entrante tiene la intención de deportar a miles de migrantes a países diferentes a sus lugares de origen, una medida que podría implementarse en la primera semana después de su arresto.
Deportaciones a terceros países
Los migrantes serían enviados a países como las islas Turcas y Caicos, Bahamas, Panamá y Granada, entre otros que estarían en una lista preliminar.
Este plan busca resolver un problema persistente: la negativa de algunos países a aceptar a ciudadanos deportados desde Estados Unidos. Sin embargo, la medida plantea serias preguntas sobre el destino de estos migrantes.
Muchos podrían quedar en países donde no tienen vínculos culturales, familiares ni idiomáticos. Además, no está claro si tendrían derecho a trabajar o residir legalmente en esos lugares.
Presiones internacionales
Fuentes cercanas indican que la administración de Trump podría ejercer presión diplomática o económica sobre estos países para aceptar a los deportados. Sin embargo, los detalles sobre estas negociaciones permanecen en secreto. Este enfoque recuerda la política implementada en 2019, durante el primer mandato de Trump, cuando migrantes fueron enviados a Guatemala bajo un acuerdo bilateral. Aquella práctica fue detenida en 2020, en parte debido a la pandemia, y se implementó a una escala más limitada.
Reacciones legales y críticas
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros grupos de derechos humanos han señalado que esta política podría poner en riesgo a los migrantes. Lee Gelernt, abogado de la ACLU, afirmó: "Demandamos esta política durante la primera administración de Trump porque era ilegal y colocaba a los solicitantes de asilo en peligro". De hecho, una demanda sobre la política de 2019 sigue pendiente en los tribunales federales.
Desafíos migratorios
El problema de deportar a migrantes de países como Venezuela, Cuba y China, que históricamente han mostrado resistencia a aceptar ciudadanos deportados, sigue siendo un desafío para las autoridades estadounidenses. Dado que las leyes federales prohíben la detención indefinida, muchas de estas personas terminan siendo liberadas en Estados Unidos, incluso cuando tienen órdenes de deportación.
Una operación masiva
Trump ha prometido realizar "la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos". Esta nueva estrategia de deportaciones a terceros países parece ser un intento de cumplir con esa promesa mientras aborda los obstáculos legales y diplomáticos que complican la expulsión de migrantes cuyos países de origen no cooperan.
La implementación de esta política podría generar tensiones internacionales y nuevas batallas legales, mientras se debate su impacto en los derechos humanos y las normas internacionales.