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Washington D.C. — Una jueza federal en el Distrito de Columbia ha suspendido de forma temporal las deportaciones aceleradas de inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario, implementado inicialmente para ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
La decisión, emitida este viernes por la jueza Jia M. Cobb, representa una victoria provisional para las organizaciones demandantes CHIRLA, CASA y UndocuBlack, que argumentaron que las nuevas medidas impuestas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) son ilegales, arbitrarias y exceden la autoridad de la agencia.
El fallo detiene tres acciones clave del DHS:
La instrucción del secretario interino Benjamine Huffman a los agentes de USCIS y CBP de considerar la deportación acelerada de ciertos inmigrantes.
Una orden interna de ICE que también instaba a evaluar expulsiones inmediatas.
Y la terminación del parole humanitario para los grupos antes mencionados.
Según la jueza, los migrantes afectados "ingresaron legalmente siguiendo los procedimientos creados y promovidos por el propio Gobierno de Estados Unidos" y fueron liberados en el país bajo esos parámetros con la oportunidad de solicitar asilo u otras formas de alivio migratorio previstas en la ley.
“En un mundo de opciones limitadas, estas personas siguieron las reglas”, subrayó Cobb. “Ahora el Gobierno no solo ha cerrado esos caminos para los nuevos solicitantes, sino que ha cambiado las reglas del juego para quienes ya están en libertad condicional, restringiendo su acceso a protección migratoria y exponiéndolos a expulsiones inmediatas, lo cual contradice lo establecido por la ley”.
La suspensión permanecerá vigente mientras se resuelve el litigio en curso. La decisión ha sido vista por activistas y defensores de los derechos migratorios como un freno necesario a medidas que consideran regresivas y punitivas.
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