El Buró Federal de Investigaciones (FBI) abrió una investigación contra un grupo de seis senadores demócratas después de que el presidente Donald Trump los acusara de incurrir en “comportamiento sedicioso”.
FBI investiga a seis senadores demócratas acusados por Trump de "comportamiento sedicioso" tras polémico vídeo dirigido a militares
FBI investiga a seis senadores demócratas tras acusación de sedición hecha por Trump por un vídeo dirigido a militares. Crece la tensión política en EEUU
El señalamiento surge tras la difusión de un vídeo en el que los legisladores instan a miembros del sector militar y de inteligencia a no cumplir órdenes consideradas ilegales.
Los senadores involucrados son Mark Kelly, Elissa Slotkin, Jason Crow, Chrissy Houlahan, Maggie Godlander y Chris Deluzio. De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, tanto el FBI como el Pentágono estarían coordinando entrevistas con los funcionarios, lo que marca el inicio formal del proceso investigativo.
Los legisladores han denunciado la acción como una “táctica de intimidación” impulsada por la Administración Trump.
El mensaje del vídeo no mencionó órdenes ilegales concretas, pero fue publicado en un contexto político sensible, marcado por críticas hacia recientes directrices del presidente, entre ellas la destrucción de embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, así como el despliegue de la Guardia Nacional para apoyar redadas migratorias junto a la Patrulla Fronteriza.
Trump calificó públicamente a los senadores como “sediciosos” y señaló en Truth Social que dicho cargo “puede ser punible con la muerte”. Expertos legales han manifestado preocupación por la gravedad de la acusación y han cuestionado la solidez jurídica que respalda el señalamiento presidencial.
Analistas advierten que el enfrentamiento podría aumentar la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, en medio de un periodo ya marcado por desacuerdos profundos. La Administración Trump y el cuerpo legislativo aún enfrentan secuelas del cierre gubernamental más prolongado en la historia del país, originado por disputas en torno a la financiación de programas sociales.
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