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SUSCRIBITELas autoridades federales retiraron los cargos contra el alcalde de Newark, pero presentaron una acusación formal contra la representante LaMonica McIver por interferir en un operativo migratorio
La fiscal federal interina del distrito de Nueva Jersey, Alina Habba, anunció este lunes que la congresista demócrata LaMonica McIver enfrenta cargos por obstrucción a las fuerzas del orden tras un incidente ocurrido en el centro de detención Delaney Hall, en la ciudad de Newark. Según la acusación, McIver habría interferido con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que representa una posible violación al Título 18 del Código de los Estados Unidos.
“La conducta de la congresista no puede pasar desapercibida. Como máxima autoridad federal en el estado, estoy obligada a actuar”, declaró Habba al presentar los cargos.
El mismo operativo también derivó en la detención del alcalde de Newark, Ras Baraka, quien fue acusado inicialmente de allanamiento. Sin embargo, la fiscalía determinó no continuar con el proceso en su contra tras una revisión legal.
El incidente tuvo lugar a inicios de mes, cuando McIver, Baraka y otros funcionarios estatales acudieron a Delaney Hall con el objetivo de inspeccionar las condiciones de detención de inmigrantes bajo custodia federal. La instalación, gestionada por la empresa privada GEO Group, ha sido objeto de múltiples críticas por parte de organizaciones civiles y autoridades locales, que cuestionan la legalidad de su operación.
Durante la visita, en medio de una protesta en los alrededores, las puertas del centro se abrieron para permitir el ingreso de un autobús de ICE. Fue en ese momento cuando McIver, Baraka y tres funcionarios más accedieron al área restringida, provocando la intervención de los agentes federales.
Mientras que los cargos contra Baraka fueron finalmente desestimados, la fiscalía decidió proceder judicialmente contra McIver por considerar que su conducta entorpeció directamente el trabajo de los agentes.
La representante McIver rechazó de manera categórica las acusaciones y aseguró que su actuación fue parte del ejercicio legítimo de sus funciones legislativas. Según afirmó, la presencia de los funcionarios en Delaney Hall respondía a preocupaciones sobre el trato a los detenidos y a supuestas irregularidades en la operación del centro.
“Estos cargos son claramente políticos”, aseguró la congresista. “Estábamos cumpliendo con nuestras responsabilidades legales de supervisión. Están distorsionando mis acciones con la intención de criminalizar y desalentar el control legislativo sobre estas instalaciones”.
Este caso se enmarca en un clima de creciente tensión entre las autoridades locales y federales por el uso de centros de detención operados por empresas privadas. El gobierno municipal de Newark sostiene que Delaney Hall no cuenta con un certificado de ocupación válido, mientras que GEO Group asegura cumplir con todas las normativas exigidas por la ley.
Tras el incidente, las autoridades reforzaron la seguridad en el perímetro del centro, instalando barricadas y señales que advierten sobre las consecuencias legales de ingresar sin autorización a la propiedad.
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