Un conflicto armado interno se puede declarar, de acuerdo con el decreto ejecutivo, cuando dentro de un país existen “hostilidades” entre las fuerzas de seguridad y grupos armados no estatales organizados, de “tal intensidad” que obligan a recurrir a las fuerzas armadas y policiales para enfrentarlos y “neutralizarlos”.
Con dicho reconocimiento el gobierno ecuatoriano blinda la acción de las fuerzas de seguridad ante posibles denuncias en su contra, para luchar contra las organizaciones criminales y narcos, y recuperar el orden público, la seguridad ciudadana y proteger a la población, enfatizó.
“Para preservar la seguridad integral, soberanía e integridad territorial, la protección interna y el mantenimiento del orden público, se reconoce la existencia de un conflicto armado interno en el territorio nacional”, precisa el documento.
El decreto añadió que el Estado recibirá cooperación internacional para neutralizar las amenazas que sostienen el conflicto y que el presidente “concederá indultos, rebajará o conmutará penas” en favor de personal militar, policial y de civiles que participen en tales acciones.
Durante un acto castrense en la costa central de Ecuador, Noboa indicó que “vamos a iniciar una etapa de guerra total” que requiere que las fuerzas armadas estén bien equipadas y trabajar en coordinación “con sistemas de inteligencia, con grupos de inteligencia internacionales”, en cooperación con varias naciones para “acabar con una amenaza que no es solo al Ecuador sino a la región”.
Ni el decreto ni el mandatario identificaron a los países de los que se espera colaboración, pero desde que Noboa asumió el poder Estados Unidos se ha convertido en un cercano aliado, así como Italia e Israel.
En enero de 2024 Noboa, quien había asumido la presidencia dos meses antes para completar el periodo del entonces presidente Guillermo Lasso, declaró por primera vez la existencia de un conflicto armado interno en el país y fijó como objetivo militar a 22 organizaciones criminales que denominó como “terroristas”.
La medida fue consecuencia de una alzada de la violencia sin precedentes tras la huida del cabecilla criminal Adolfo Macías, alias “Fito” -extraditado en 2025 a Estados Unidos- y que derivó en la toma violenta de un canal de televisión mientras transmitía en directo.
Desde que inició su gestión, Noboa -quien cumple su segundo mandato- ha proyectado una política de “mano dura” para contrarrestar a organizaciones criminales, dictando sucesivos estados de excepción para la acción conjunta de fuerzas militares y policiales tanto en las cárceles como en el territorio nacional.
Esas medidas han sido cuestionadas por organizaciones de defensa de derechos humanos que consideran dan apertura para un uso desmedido del poder del Estado, así como por sectores de oposición que cuestionan su eficacia. Ecuador cerró el año 2025 como el más violento de su historia con 9.216 homicidios.
También la Corte Constitucional cuestionó y echó abajo algunos de los estados de excepción dictados por el gobierno, argumentando que no ha justificado debidamente la existencia de un conflicto armado interno.
FUENTE: AP