Severas sanciones por fraude masivo en La Habana
Según el periódico del Partido Comunista, en el juicio oral, realizado en fecha no precisada, se presentó un "amplio material probatorio".
Los actos de los responsables "demuestran la pérdida de valores éticos y atentan contra el prestigio de nuestro sistema educacional, a la vez que provocan el rechazo de la sociedad, de padres y estudiantes y, en especial, de los maestros y trabajadores del sector educacional que por varias generaciones han enaltecido y defendido esa noble labor como una de las conquistas de la Revolución", dijo Granma, al informar sobre las duras condenas, que podría considerarse ejemplarizantes.
El periódico indicó que en el juicio "se demostró" que Leonardo Mosés Viera, quien se desempeñaba como jefe de brigada en la Imprenta Félix Varela Morales, perteneciente al Ministerio de Educación Superior (MES), "se apropió de varios ejemplares de las pruebas correspondientes a las asignaturas de Matemática, Español e Historia y procedió a venderlas a otras personas en la suma de180 pesos convertibles".
Los exámenes llegaron a través de estudiantes a manos de Víctor Romero Mendoza, profesor de Matemática del Instituto Preuniversitario José Martí, del municipio de la Habana Vieja. Este se los entregó a Karel López Guerrero, profesor del Instituto Preuniversitario Gerardo Abreu Fontán, del municipio de Centro Habana; quien a su vez se los facilitó a Daisy Márquez Rodríguez, profesora de Química del mismo centro docente, para que los vendiera por entre 40 y 50 pesos convertibles a varios estudiantes y padres de alumnos.
Los exámenes llegaron también a manos de Arian Valdés Alonso, profesor del Instituto Preuniversitario Arístides Viera, quien preparó ejercicios similares para algunos alumnos.
Valdés Alonso proporcionó los ejercicios a Bárbara Maricela Gómez Martínez, metodóloga provincial de Matemática, y al profesor Lázaro Antonio Fernández Acevedo, quienes "conociendo su procedencia ilícita los emplearon para repasar a sus hijos", según el reporte de Granma.
El diario oficial añadió que durante el juicio oral "se demostró" que Víctor Romero Mendoza, Karel López Guerrero, Daisy Márquez Rodríguez, Arian Valdés Alonso, Bárbara Maricela Gómez Martínez y Lázaro Antonio Fernández Acevedo, "sin tener autorización legal, se dedicaban a repasar grupos de estudiantes para su preparación a las pruebas de ingreso a la Educación Superior, a los que cobraban sumas de dinero en moneda libremente convertible".
Aunque los robos y compraventa de exámenes, además de otras de fraude, han sido usuales en la Isla durante décadas, el ocurrido este año desató un escándalo en La Habana y llevó al Ministerio de Educación Superior a la repetición de la prueba de Matemática y a modificar las de Español e Historia, además de fijar nuevas convocatorias.
Granma indicó que esto ocasionó gastos de 28.641,35 pesos al MES y de 1.290,59 a la Universidad de La Habana.
"El tribunal consideró que estos hechos son constitutivos de los delitos de hurto, revelación de pruebas para la evaluación docente y actividades económicas ilícitas previstos en el Código Penal", dijo el diario del PCC.
La mayor pena fue para el trabajador de la imprenta, Leonardo Mosés Viera, condenado a 8 años de cárcel. Karel López Guerrero y Arián Valdés Alonso fueron sentenciados a cuatro años de prisión; Daisy Márques Rodríguez, a 3 años; Bárbara Maricela Gómez Martínez, a 2 años y seis meses; Lázaro Antonio Fernández Acevedo, a 2 años, y Víctor Romero Mendoza, a un año y seis meses.
"El tribunal impuso además a todos los acusados las sanciones de privación de derechos públicos, la prohibición del ejercicio de la profesión para los vinculados a la actividad docente y estableció las prohibiciones migratorias pertinentes", señaló el reporte.
Asimismo, "fueron declarados responsables civilmente por los hechos cometidos y deberán resarcir al Ministerio de Educación Superior y a la Universidad de La Habana por los perjuicios ocasionados", añadió.
La justicia del régimen suele ser acusada de no respetar los derechos de los procesados, falsear pruebas y manipular testigos. Granma dijo que "durante la investigación y el desarrollo del juicio oral, los encausados contaron con las garantías establecidas en la legislación procesal penal, ejercieron su derecho a la defensa y fueron representados por los abogados de su elección".
La sentencia es apelable ante el Tribunal Provincial Popular de La Habana.
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