Carlos Fernández de Cossío aseguró que La Habana puede dialogar sobre migración, seguridad y comercio, pero no negociará su sistema político con Washington
El gobierno cubano marcó públicamente una línea roja frente a la administración de Donald Trump: está dispuesto a mantener conversaciones con Estados Unidos sobre asuntos bilaterales, pero rechaza negociar cualquier transformación de su sistema político interno.
El viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío fue categórico durante una entrevista concedida al medio mexicano Milenio.
“Cuba no está dispuesta a discutir con el gobierno de Estados Unidos, ni con ningún gobierno, los asuntos políticos internos de Cuba”, afirmó.
La declaración choca directamente con la estrategia adoptada por Washington durante 2026, cuando la administración Trump ha incrementado la presión económica sobre La Habana y ha reclamado cambios políticos y económicos sustanciales en la isla.
Fernández de Cossío defendió su posición apelando al principio de soberanía.
Según explicó, Cuba no pretende determinar cómo debe organizarse políticamente Estados Unidos y exige el mismo trato respecto de su sistema interno.
“Nosotros no pretendemos interferir o hacer injerencia en los asuntos internos de Estados Unidos y, por tanto, no aceptamos que un gobierno extranjero, incluyendo el de Estados Unidos, se involucre en los de Cuba”, sostuvo.
El mensaje establece así una diferencia fundamental entre los asuntos que La Habana considera negociables y aquellos que excluye de cualquier conversación.
El vicecanciller no cerró completamente la puerta al diálogo.
Cuba, aseguró, está dispuesta a conversar “con seriedad” y “con responsabilidad” sobre cuestiones bilaterales concretas que afectan a ambos países o tienen repercusiones regionales.
Entre ellas figuran:
migración,
seguridad,
comercio
y cooperación regional.
Pero Fernández de Cossío insistió en que la estructura política cubana queda fuera de cualquier eventual negociación.
“Cuba, como suponemos ningún país, se va a sentar a discutir con Estados Unidos su ordenamiento político interno”, sentenció.
El planteamiento entra en conflicto directo con las condiciones formuladas públicamente por el secretario de Estado Marco Rubio.
Rubio ha sostenido que una recuperación sostenible de Cuba requiere simultáneamente libertades políticas y económicas.
El jefe de la diplomacia estadounidense ha hablado incluso de la necesidad de un período de transición que conduzca a un modelo diferente.
Para Washington, por tanto, la naturaleza del sistema político cubano forma parte central del problema.
Para La Habana, precisamente ese asunto está fuera de la mesa.
Esa diferencia constituye uno de los mayores obstáculos para cualquier negociación sustancial entre ambos gobiernos.
La declaración de Fernández de Cossío se produce después de semanas de fuertes tensiones y especulaciones sobre las opciones que Washington estudia respecto de Cuba.
Reportes de CBS News revelaron recientemente que la Reserva del Ejército estadounidense evaluaba la disponibilidad de determinadas unidades para posibles requerimientos del Comando Sur en un plazo de 90 a 120 días.
El documento interno no mencionaba directamente a Cuba ni constituía una orden de despliegue, aunque funcionarios estadounidenses consultados por la cadena vincularon la planificación con escenarios relacionados con la isla.
Posteriormente, Trump rebajó las expectativas sobre una posible acción militar.
“Yo diría que Cuba y nosotros llegaremos a un acuerdo. No creo que necesitemos recurrir a la vía militar”, declaró el presidente.
Pese a esas palabras de Trump, Fernández de Cossío aseguró que el gobierno cubano no puede ignorar las referencias estadounidenses a posibles escenarios militares.
Consideró que hacerlo sería “ingenuo” e “irresponsable”.
Según el diplomático, La Habana debe prepararse ante cualquier eventualidad teniendo en cuenta tanto la historia de las relaciones bilaterales como el actual escenario internacional.
“Está bajo amenaza, presumiblemente, la paz en Cuba, la paz en la región como resultado de una eventual o posible agresión militar según declaran algunos políticos estadounidenses”, afirmó.
El funcionario atribuyó especialmente esa posibilidad a sectores que calificó de “radicalmente anticubanos” dentro de Estados Unidos.
La tensión había aumentado días antes durante la intervención de Trump ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
El presidente calificó a Cuba como un:
“Estado absolutamente fallido”.
Y aseguró que el actual sistema:
“caerá”.
Trump afirmó además que su administración busca un “cambio fundamental” en la situación cubana y sostuvo que la libertad llegará a la isla.
La delegación cubana abandonó la sala mientras el mandatario estadounidense realizaba esas declaraciones.
Rubio ha profundizado posteriormente ese mensaje.
El secretario de Estado declaró que, desde su perspectiva, Cuba no está simplemente cerca del colapso:
“Cuba ya cayó”.
Según Rubio, la isla carece de una economía funcional y su modelo actual beneficia principalmente a estructuras vinculadas con los militares y el Partido Comunista.
Washington sostiene que cualquier eventual alivio de la presión estadounidense requerirá cambios sustanciales.
Entre ellos, Rubio ha mencionado repetidamente mayores libertades políticas y económicas.
El viceministro cubano reconoció que han existido contactos entre funcionarios de ambos países.
Pero aseguró que esas comunicaciones no han conseguido avanzar hacia resultados concretos.
Su explicación apunta directamente a la política de sanciones.
“Estados Unidos cada 10 días, cada dos semanas, anuncia la implementación de nuevas medidas agresivas que penalizan a la población cubana en su conjunto”, sostuvo.
La administración Trump mantiene la posición contraria y argumenta que las sanciones están dirigidas fundamentalmente contra las estructuras gubernamentales, militares y económicas que considera responsables de la represión y de amenazas a la seguridad estadounidense.
El Departamento de Estado advirtió recientemente que continuará utilizando “todas las facultades de sanciones disponibles” para presionar a La Habana.
La estrategia se ha traducido durante 2026 en medidas contra:
GAESA,
estructuras militares,
entidades del sector energético,
empresas vinculadas al níquel y la minería
y diferentes funcionarios cubanos.
Washington también ha ampliado las restricciones financieras y eliminado determinadas flexibilizaciones que habían sido introducidas durante administraciones anteriores.
El problema fundamental queda ahora expuesto con claridad.
Washington plantea:
cambios políticos,
libertades económicas,
libertades políticas
y eventualmente una transición.
La Habana responde:
su sistema político interno no está en negociación.
Esto reduce considerablemente el espacio para un acuerdo amplio.
Los dos gobiernos todavía pueden encontrar áreas concretas de cooperación —especialmente migración, seguridad y asuntos consulares—, pero el principal conflicto político permanece intacto.
Fernández de Cossío dejó abierta una pequeña puerta para continuar los contactos, pero simultáneamente cerró la que Washington considera fundamental.
La Habana está dispuesta a discutir problemas entre Estados.
No está dispuesta, según el vicecanciller, a negociar la naturaleza de su sistema político.
La declaración constituye una respuesta directa a meses de presión estadounidense y establece claramente hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno cubano en cualquier eventual conversación.
Su frase final resume esa posición:
“Cuba no está dispuesta a discutir con el gobierno de Estados Unidos, ni con ningún gobierno, los asuntos políticos internos de Cuba”.
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