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Según explicaron sus redactores, el texto busca proteger “el sistema político y estatal socialista del conjunto de acciones y actividades que se cometen contra el orden constitucional y con el propósito de crear un clima de inestabilidad social y un estado de ingobernabilidad”.
El nuevo código establece sanciones para lo que llama “delitos en internet” y para quienes reciban financiamiento externo de ciertas actividades, lo que, para el abogado opositor René Gómez Manzano, constituye “una nueva vuelta de tuerca del régimen para intensificar la represión contra los ciudadanos”.
La legislación tipifica 37 nuevos delitos relacionados con las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación, para dar respuesta a la llegada de la internet móvil desde finales de 2018, que ha permitido revelar al mundo la represión desatada por la dictadura contra cualquier tipo de disidencia.
Asimismo, endurece otros delitos, como el de “Desórdenes públicos”, al que se le agrega una figura que penaliza las manifestaciones individuales o en grupos, mientras que en “Actos contra la seguridad del Estado” se inserta otro acápite para castigar el financiamiento externo de actividades no legales.
También se acusa de “Mercenarios” a los medios de prensa digitales de oposición, activistas y grupos disidentes por recibir financiamiento de agencias estadounidenses y Organizaciones No Gubernamentales, por lo que pudieran ser procesados ahora con penas de cuatro hasta diez años de prisión.
Además, el actual delito de “Propaganda enemiga” pasa a ser “Propaganda contra el orden constitucional”, mientras que los delitos contra el orden público incluirán la “difusión de noticias falsas o predicciones maliciosas con la finalidad de causar alarma, descontento o desinformación”.
El Código Penal será votado y aprobado –lo más seguro por la habitual unanimidad- en una reunión extraordinaria que sostendrá el Parlamento el sábado, en la que además se presentará el proyecto del Código de las Familias.
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