EE.UU. acusa junto a Raúl Castro a cinco militares cubanos por derribo de avionetas de Hermanos al Rescate
Quiénes son los cinco militares acusados junto a Raúl Castro por EE.UU.
La justicia de EE.UU. imputó a cinco militares cubanos junto a Raúl Castro por el derribo de avionetas civiles en 1996
Quiénes son los cinco militares acusados junto a Raúl Castro por EE.UU.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló la identidad de los cinco militares cubanos acusados junto a Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate ocurrido el 24 de febrero de 1996, un hecho que provocó la muerte de cuatro personas y marcó uno de los episodios más tensos entre Washington y La Habana.
La acusación federal presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida incluye cargos por conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves civiles y asesinato.
Las autoridades estadounidenses sostienen que los acusados participaron directamente en el operativo militar ejecutado por la Fuerza Aérea cubana.
Los señalados son:
Lorenzo Alberto Pérez-Pérez
Emilio José Palacio Blanco
José Fidel Gual Bárzaga
Raúl Simanca Cárdenas
Luis Raúl González-Pardo Rodríguez
El piloto señalado por disparar los misiles
Según la acusación, Lorenzo Alberto Pérez-Pérez fue identificado como el piloto que disparó los misiles aire-aire contra las aeronaves civiles.
El expediente señala que:
Participó en 74 misiones de combate
Acumuló más de 1,000 horas de vuelo
Operaba aviones MiG-29
Los derribos ocurrieron sobre aguas internacionales, según investigaciones posteriores
Uno de los acusados presenta una situación particular.
Luis Raúl González-Pardo Rodríguez emigró a Estados Unidos en 2024 mediante un programa de parole humanitario y posteriormente quedó bajo investigación federal. Las autoridades sostienen que formó parte del segundo grupo de aeronaves desplegado durante la operación.
Una acusación histórica contra la cúpula cubana
La acusación contra Raúl Castro fue presentada como un hecho sin precedentes por las autoridades estadounidenses.
El Departamento de Justicia calificó el caso como la primera acusación formal en décadas dirigida contra el liderazgo superior del régimen cubano por hechos vinculados con la muerte de ciudadanos estadounidenses.
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