Inversiones: los Castro se venden barato
El proyecto "revisa y adecúa" la Ley No. 77, de la Inversión Extranjera, de septiembre de 1995, tomando en cuenta legislaciones existentes en otros países, indicaron a la prensa oficial José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional y Déborah Rivas, directora general de Inversión del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX). No aclararon a qué naciones se referían.
Con la nueva ley, el Gobierno busca acceso a financiamiento externo, tecnologías y nuevos mercados, además de insertar productos y servicios de la Isla en el mercado internacional.
Otro objetivo parece ser lavar la imagen ante los inversionistas extranjeros, que frecuentemente se quejan de la lenta burocracia cubana y de la arbitrariedad del régimen.
'Protección y seguridad jurídica'
Según el diario oficial Juventud Rebelde, la ley proveerá a los empresarios de "plena protección y seguridad jurídica". No obstante, sus inversiones podrán ser expropiadas "por motivos de utilidad pública o interés social previamente declarados por el Consejo de Ministros". En ese caso, serían indemnizados.
En cuanto a las áreas de inversión, el proyecto establece que podría ser autorizada en todos los sectores, excepto en los servicios de salud y educación, y en las instituciones armadas, salvo en sus sistemas empresariales.
Sobre las modalidades de inversión extranjera, el proyecto propone empresas mixtas, empresa de capital totalmente extranjero y contrato de asociación económica internacional. En este último caso estarían los pactos a riesgo para la exploración de recursos naturales no renovables, la construcción, la producción agrícola, la administración hotelera y los contratos de prestación de servicios profesionales, entre otros.
Rebaja de impuestos
Por otra parte, el proyecto reduce los impuestos que deberán pagar los inversores y ofrece ocho años de gracia a parte de ellos.
Establece la exención del pago del impuesto sobre los ingresos personales a los inversionistas foráneos. Asimismo, para inversionistas extranjeros y nacionales (personas jurídicas, dentro de lo que se incluye a las cooperativas) propone un tipo impositivo del 15% sobre las ganancias, la mitad del vigente.
Los beneficios fiscales no se aplicarán, sin embargo, para las inversiones extranjeras en la explotación de recursos naturales, renovables o no, que deberán pagar impuestos sobre las ganancias de hasta un 50 por ciento. Esto afectaría a los sectores del petróleo y el níquel, por ejemplo.
El proyecto no excluye las inversiones en la Isla de los emigrados cubanos, pero tampoco lo hace la ley vigente y hasta el momento el Gobierno no las ha autorizado.
El texto que deberá aprobar la Asamblea Nacional define a los inversionistas foráneos como personas naturales o jurídicas "con domicilio y capital en el extranjero", sin más especificaciones.
Sigue la contratación por entidades estatales
Para la contratación de trabajadores cubanos, se mantiene la utilización de una entidad empleadora estatal, a pesar de las quejas al respecto de los empresarios foráneos.
Solo se exceptuarán de este régimen los integrantes de los órganos de dirección y administración de las empresas mixtas.
Hasta ahora, el Gobierno se ha quedado con la mayor parte del dinero que pagan las empresas por concepto de salario a los trabajadores cubanos.
Al respecto, Déborah Rivas dijo que la entidad empleadora "no tendrá un fin recaudatorio", indicó Juventud Rebelde, pero no aclaró si esto significa que los trabajadores cubanos recibirán íntegro el salario.
Rivas dijo que el pago será en moneda nacional y por acuerdo entre la empresa mixta y la entidad empleadora.
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