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MIAMI – La exjueza cubana Melody González Pedraza, quien enfrenta una posible deportación desde Estados Unidos, denunció este martes supuestas irregularidades en el proceso de asilo que enfrenta, en declaraciones exclusivas ofrecidas a Diario de Cuba antes de su audiencia final ante un tribunal de inmigración en Florida.
González, quien presidió el Tribunal Municipal de Encrucijada en Villa Clara, Cuba, es uno de los nombres incluidos en una lista de presuntos represores del régimen cubano entregada por el congresista Carlos Giménez a la Casa Blanca. Su esposo, que llegó junto a ella a EE.UU., ya recibió una orden de deportación.
El fallo sobre su solicitud de asilo será emitido el próximo 8 de mayo. Según su abogado, Santiago Alpízar, presidente de la organización Cuba Demanda, se presentaron evidencias que prueban su militancia en el Partido Comunista de Cuba (PCC) y su papel como jueza afín al régimen.
González llegó a Estados Unidos el 30 de mayo de 2024 mediante el programa de parole humanitario, pero su entrada fue denegada, lo que la llevó a solicitar asilo. Actualmente permanece detenida en el Broward Transitional Center, en Pompano Beach, Florida.
Su inclusión en la lista de represores se basa, entre otros hechos, en una sentencia condenatoria emitida en abril de 2024 contra cuatro jóvenes acusados de atentado. En entrevistas anteriores, González admitió haber actuado bajo presión de sus superiores y de la Seguridad del Estado cubana. Sin embargo, durante la audiencia del martes, se reveló una declaración de otras dos juezas que integraron el tribunal, quienes aseguraron no haber participado en la deliberación ni aprobado la sentencia.
González sostiene que se le ha juzgado injustamente solo por haber sido parte del PCC y alega haber demostrado que su militancia fue obligada, que ya no pertenece al partido y que su afiliación era una condición laboral, no ideológica. También denunció haber sido víctima de presiones indirectas a través del proceso de su esposo, a quien —según afirma— se le negó un juicio justo.
En cuanto a los testigos presentados por la Fiscalía, González acusa parcialidad y violación de sus derechos. Asegura que uno de los expertos tuvo acceso indebido a su expediente, mientras otro testigo clave se negó a declarar al no poder sustentar sus acusaciones. Además, denuncia haber sido objeto de amenazas por parte de un activista que la ha señalado públicamente y que, según dice, mantiene vínculos con Cuba.
Su defensa argumenta que su caso ha sido tratado como el de una criminal, más que el de una solicitante de asilo, y que las cortes han centrado el juicio en su moral y conducta personal, sin fundamento legal suficiente.
La abogada Maylin Fernández Suris, de Diario de Cuba, considera que el caso de González debe servir como advertencia a funcionarios cubanos sobre las posibles consecuencias de colaborar con el sistema represivo. Aunque admite que la exjueza cometió errores, destaca que ha mostrado arrepentimiento y ha revelado información relevante sobre el funcionamiento del aparato judicial en la Isla.
Fernández alerta sobre los riesgos que enfrentaría González en caso de ser deportada, argumentando que su postura crítica tras llegar a EE.UU. podría desencadenar represalias. "Sería encarcelada y procesada como escarmiento público", afirma, advirtiendo que el régimen cubano podría acusarla de colaborar con el enemigo por sus vínculos con la prensa independiente y el exilio.
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