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SUSCRIBITEEvelio Eduardo Velázquez Infante, exoficial del Ministerio del Interior cubano, regresó voluntariamente a la Isla tras ser señalado por su participación en la represión política.
Evelio Eduardo Velázquez Infante, exoficial de la Seguridad del Estado cubano y conocido como “el mayor Eduardo”, abandonó Estados Unidos a principios de abril y regresó a su ciudad natal de Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas, luego de aparecer en una lista de presuntos represores elaborada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) y enviada a la Casa Blanca por el congresista republicano Carlos Giménez.
Velázquez Infante había llegado a Estados Unidos en marzo de 2023 mediante el programa de parole humanitario promovido por la Administración Biden, patrocinado por su hermana, residente en el país. Sin embargo, tras su inclusión en la lista enviada a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, optó por autodeportarse, según confirmó el medio independiente Cubanet.
La FDHC lo identifica como un agente operativo del Ministerio del Interior, vinculado a la Sección 21 dedicada al enfrentamiento de actividades consideradas “subversivas”. También se desempeñó como funcionario de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y como oficial de Tropas Guardafronteras. La organización lo responsabiliza de participar en hostigamientos, detenciones arbitrarias, vigilancia ilegal y otros actos represivos contra disidentes, como el periodista independiente Alberto Méndez Castelló. Se le atribuyen presuntos crímenes de lesa humanidad por persecución política.
Según testimonios de opositores cubanos radicados en Miami, Velázquez Infante habría utilizado el parole como vía de escape al escrutinio de una comunidad que, por décadas, sufrió su persecución.
Segunda autodeportación en el mes
La salida del “mayor Eduardo” se suma a la reciente partida de Misael Enamorado Dager, exmiembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y ex primer secretario del PCC en Santiago de Cuba. Enamorado Dager abandonó Estados Unidos a finales de marzo junto a su esposa e hija, luego de que se conociera su presencia en el país también bajo el parole humanitario.
Según reveló el periodista Mario J. Pentón en su canal de YouTube, el exdirigente comunista, quien no obtuvo la residencia permanente a través de la Ley de Ajuste Cubano, habría ocultado datos clave sobre su trayectoria política durante su proceso migratorio. La FDHC lo señala como el represor cubano de más alto rango político que se ha establecido en Estados Unidos, y lo vincula con la aprobación del fusilamiento de tres jóvenes afrocubanos en 2003 por intentar huir en una lancha rumbo a Estados Unidos, un hecho sin víctimas fatales.
Más nombres bajo escrutinio
Otro caso que podría culminar en deportación es el del presunto exfuncionario del Ministerio del Interior, Daniel Morejón García, arrestado el 11 de abril por no declarar su afiliación al Partido Comunista de Cuba. Su captura fue ejecutada por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (HSI), el FBI y el ICE. Morejón fue acusado por su presunta participación en actos represivos durante el levantamiento popular del 11 de julio de 2021, incluidos abusos físicos, encarcelamientos y persecuciones políticas.
Asimismo, la exjueza cubana Juana Orquídea Acanda Rodríguez fue deportada el 12 de abril tras ser detenida en su ingreso a Estados Unidos el 20 de marzo. Acanda Rodríguez, de 62 años, ingresó con una visa gestionada por su hijo, pero fue acusada de haber mentido en su solicitud, según la Sección 1546(a) del Título 18 del Código de EE. UU. Antes de emigrar, había sido condecorada en diciembre de 2023 con la Orden del Mérito Judicial por el Tribunal Supremo Popular de Cuba.
Advertencias de las autoridades estadounidenses
La Administración Trump endureció los controles migratorios, especialmente para los titulares de visas. Las autoridades han advertido que cualquier falsedad —desde la entrevista consular hasta el uso indebido del visado— puede derivar en la revocación del permiso y la deportación. Entre los motivos más frecuentes se encuentran la omisión de antecedentes, afiliaciones políticas y la distorsión de información relevante en los formularios migratorios.
Estos recientes casos reflejan una tendencia creciente a investigar más exhaustivamente a personas vinculadas con el régimen cubano que han ingresado a territorio estadounidense bajo programas especiales de migración, en particular aquellos con un pasado ligado a la represión de derechos fundamentales en la Isla.
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