Díaz-Canel defendió las 176 reformas como ajustes socialistas, rechazó presiones de Trump y negó que el sistema político esté en negociación con EEUU
El gobernante cubano descartó que las 176 medidas económicas aprobadas por la Asamblea Nacional impliquen una transición política o una restauración capitalista. En una entrevista con Roberto Cavada, defendió que los cambios buscan “perfeccionar” el socialismo en medio de la crisis y de la presión de Estados Unidos.
Miguel Díaz-Canel descartó de forma categórica que las reformas económicas aprobadas por el régimen cubano representen el inicio de una apertura política o una transición hacia un modelo capitalista.
Durante una entrevista con el periodista dominicano Roberto Cavada, el gobernante afirmó que Cuba no está buscando una “restauración capitalista”, sino un “perfeccionamiento” de la construcción socialista en medio de condiciones económicas y políticas adversas.
La declaración llega después de que la Asamblea Nacional aprobara un paquete de 176 medidas económicas, considerado uno de los cambios más amplios del modelo económico cubano en décadas.
Díaz-Canel fue directo al responder sobre el alcance de las reformas.
Según su planteamiento, el Gobierno cubano intenta ajustar su economía sin tocar la estructura política del sistema de partido único.
El mensaje busca despejar cualquier expectativa de que la apertura a mecanismos de mercado, banca privada, inversión extranjera, compra de acciones o mayor espacio para el sector privado pueda traducirse en una democratización del sistema político.
En otras palabras: el régimen admite reformas económicas, pero mantiene cerrada la puerta a cambios políticos.
La entrevista se produjo en un momento de máxima tensión entre La Habana y Washington.
Al ser preguntado sobre si las medidas respondían a la presión de la administración Trump, Díaz-Canel rechazó esa interpretación y afirmó que ni Trump ni el Gobierno estadounidense mandan en Cuba.
El gobernante defendió que las transformaciones tienen origen interno y que, según su versión, forman parte de debates que se venían acumulando durante los últimos 10 o 15 años.
También las calificó como “soluciones cubanas”, diseñadas desde la propia realidad de la isla.
Díaz-Canel confirmó que existe un canal de comunicación con Estados Unidos, pero estableció límites claros para cualquier conversación.
Según dijo, no puede haber diálogo bajo presión ni condicionado a un cambio del sistema político cubano, de la soberanía, la independencia o la autodeterminación del país.
Con esa declaración, el mandatario dejó claro que el régimen no considera negociable la estructura política vigente, pese a la presión estadounidense y al deterioro económico interno.
La postura de Díaz-Canel contrasta con el mensaje de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos.
El vicesecretario de Estado Christopher Landau calificó a Cuba como un “Estado fallido” y afirmó que el régimen debe emprender reformas económicas y políticas inmediatas.
Para Washington, las medidas económicas anunciadas por La Habana no serían suficientes si no vienen acompañadas de cambios políticos, libertades civiles y apertura democrática.
Ese choque marca el centro del conflicto actual: Cuba intenta presentar sus reformas como una adaptación soberana del socialismo, mientras Estados Unidos las considera insuficientes y tardías.
Durante la entrevista, Díaz-Canel también abordó la crisis energética que atraviesa Cuba.
Reconoció que en los últimos seis meses solo entró un carguero de combustible a la isla, al que describió como el barco ruso que se convirtió en “el barco más famoso del mundo”.
El gobernante aseguró que Cuba instaló más de 1.000 MW en parques fotovoltaicos durante 2025, lo que habría elevado la participación de las energías renovables del 3% al 10% en un año.
Según su versión, durante las horas de mayor sol esos paneles llegan a generar más del 50% de la electricidad del país.
Díaz-Canel también se refirió a la oferta de ayuda humanitaria de 100 millones de dólares anunciada por Washington.
El gobernante la calificó como un “chiste” y sostuvo que no incluye medicamentos ni alimentos, que no se distribuiría hasta después de septiembre y que hasta el momento no habría llegado nada a Cuba, pese a que el régimen dice haberla aceptado por escrito.
El contraste que planteó fue que esa cifra representa una fracción mínima frente a los más de 5.000 millones de dólares anuales en afectaciones que, según el Gobierno cubano, provoca el embargo estadounidense.
Las declaraciones de Díaz-Canel ocurren mientras Cuba enfrenta una de las peores crisis de su historia reciente.
La isla sufre apagones prolongados, escasez crítica de alimentos y medicamentos, inflación persistente, caída productiva y deterioro acelerado de los servicios básicos.
La CEPAL proyecta una contracción del PIB cubano del 6,5% para 2026, lo que ubicaría a Cuba entre las economías de peor desempeño de América Latina.
En ese escenario, el régimen intenta presentar las reformas como una salida económica sin alterar el control político.
El paquete aprobado por la Asamblea Nacional incluye medidas que hasta hace pocos años habrían sido impensables dentro del discurso oficial: banca privada, casas de cambio privadas, comercio exterior para actores privados, inversión extranjera ampliada, participación de cubanos emigrados y compra de acciones en empresas.
Sin embargo, Díaz-Canel dejó claro que esas transformaciones no significan apertura política.
La línea oficial es que Cuba puede incorporar herramientas de mercado sin abandonar el socialismo ni aceptar condicionamientos externos.
El mensaje de Díaz-Canel apunta en dos direcciones.
Hacia dentro de Cuba, busca contener el temor de sectores del poder que ven las reformas como una amenaza ideológica.
Hacia Washington, intenta marcar una línea roja: el régimen puede negociar temas económicos, humanitarios o migratorios, pero no aceptará que el sistema político sea parte de una mesa de negociación.
Así, la frase central de la entrevista resume el momento cubano: reformas económicas sí, restauración capitalista no.
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