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SUSCRIBITEDíaz-Canel culpó a Washington por los apagones, la crisis sanitaria y la subida de la mortalidad infantil, sin mencionar fallas estructurales del modelo cubano
Miguel Díaz-Canel acusó este domingo a Estados Unidos de intentar asfixiar económicamente a la población para apropiarse de Cuba, durante el acto central por el 73 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, celebrado en Pinar del Río.
El gobernante afirmó que Washington desarrolla una política que busca provocar un estallido social, reemplazar al actual Gobierno y colocar en La Habana a autoridades subordinadas a los intereses estadounidenses. También aseguró que Cuba atraviesa una “batalla histórica” por su soberanía y su derecho a decidir el sistema político y económico del país.
Uno de los principales mensajes del discurso estuvo dirigido contra la política de la administración de Donald Trump.
Díaz-Canel describió las medidas estadounidenses como una estrategia de “máxima asfixia económica” y afirmó que el objetivo final sería doblegar a la población para apropiarse del país.
“Cuba es y será un país soberano”, declaró antes de insistir en que las decisiones económicas, políticas y sociales continuarán correspondiendo exclusivamente a las autoridades cubanas.
El mandatario sostuvo que las sanciones no pueden presentarse como una herramienta convencional de política exterior porque, según su interpretación, afectan directamente la vida de las familias.
“El bloqueo es un arma de guerra y causa muertes”, afirmó durante la ceremonia.
Díaz-Canel atribuyó a las restricciones económicas, financieras y energéticas de Washington buena parte del deterioro del Sistema Electroenergético Nacional y de los servicios sanitarios.
Según el gobernante, la falta de combustible y las dificultades para adquirir suministros han provocado apagones de más de un día, paralización de industrias y afectaciones sobre decenas de miles de trabajadores.
También aseguró que las interrupciones eléctricas imprevistas y la escasez de combustible para los grupos electrógenos impiden garantizar el funcionamiento estable de numerosos hospitales.
El mandatario afirmó que más de 100.000 procedimientos quirúrgicos no han podido realizarse debido a la falta de suministros, los cortes eléctricos y las dificultades para proteger los centros médicos durante las caídas del sistema nacional.
La lista de espera quirúrgica, sin embargo, no apareció únicamente después de las sanciones energéticas más recientes. Reportes anteriores basados en cifras oficiales ya situaban en 86.141 los pacientes pendientes al cierre de febrero de 2024, lo que muestra que el problema precedía al actual endurecimiento de las medidas estadounidenses.
El discurso concentró la responsabilidad en Washington, pero no examinó la falta de inversión, el deterioro de las instalaciones, la emigración de profesionales ni los problemas administrativos acumulados dentro del sistema cubano.
Díaz-Canel también aseguró que más de 118.000 pacientes con cáncer no pueden acceder a tratamientos de primera línea y deben utilizar alternativas de segunda o tercera opción.
La versión difundida del discurso situó en 1.200 —no 2.200— el número de niños incluidos dentro de ese grupo.
Las cifras fueron presentadas por el gobernante como consecuencias directas del embargo. No obstante, no estuvieron acompañadas durante el acto por una metodología pública que permitiera separar el impacto específico de las sanciones de los problemas internos de producción, planificación, financiamiento y distribución de medicamentos.
El dirigente afirmó que la tasa de mortalidad infantil se encontraba en 9,3 fallecidos por cada mil nacidos vivos, frente a niveles cercanos a 4,5 registrados en años anteriores.
Díaz-Canel atribuyó ese retroceso directamente a la política estadounidense y aseguró que detrás de cada indicador existen niños que no lograron sobrevivir.
Los datos preliminares publicados por el propio Ministerio de Salud Pública muestran que Cuba cerró 2025 con una tasa incluso superior: 9,9 muertes por cada mil nacidos vivos, frente a 7,1 en 2024.
Aunque las sanciones pueden limitar el acceso a financiamiento, combustible, tecnología e insumos, establecer una relación causal exclusiva requeriría evaluar también la gestión hospitalaria, las condiciones maternas, la disponibilidad de personal y el deterioro económico general.
Mientras el discurso responsabilizó casi exclusivamente a Estados Unidos, el propio Gobierno cubano aprobó en junio un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales, agrupadas en 23 ejes.
Las autoridades han reconocido que esas medidas pretenden corregir distorsiones, estimular la producción, modificar la gestión de las empresas estatales y utilizar de forma más amplia determinados mecanismos de mercado, sin abandonar el modelo socialista.
Díaz-Canel pidió aplicar esas transformaciones con “prioridad estratégica”, pero no explicó durante el acto cómo se financiarán ni en qué plazo podrían producir un alivio perceptible para la población.
Las declaraciones se producen después de varios meses de creciente presión estadounidense.
Donald Trump firmó el 1 de mayo la Orden Ejecutiva 14404, que creó nuevas facultades para sancionar a personas, entidades y bancos extranjeros relacionados con sectores estratégicos de la economía cubana, la represión o el apoyo material al Gobierno.
El 4 de junio, OFAC incluyó personalmente a Díaz-Canel en su lista de sancionados, junto con Lis Cuesta, integrantes de la familia Castro y varias instituciones estatales.
El 23 de julio, Washington añadió nuevas designaciones contra empresas relacionadas con el petróleo, el gas, el Puerto de Mariel, las finanzas y las misiones médicas internacionales.
Díaz-Canel recordó además el respaldo internacional obtenido por la resolución cubana contra el embargo en la Asamblea General de Naciones Unidas.
La votación del 29 de octubre de 2025 terminó con 165 países a favor, siete en contra y 12 abstenciones. Estas resoluciones expresan la posición política de la Asamblea General, pero no son jurídicamente vinculantes para Estados Unidos.
La intervención mantuvo la línea tradicional del régimen: presentar la crisis como resultado fundamental de la presión estadounidense y defender la continuidad del sistema político frente a cualquier exigencia externa.
Díaz-Canel no dedicó una parte equivalente del discurso a evaluar la baja productividad, el exceso de centralización, los errores de la Tarea Ordenamiento, la inflación, la pérdida de profesionales o el deterioro de las empresas estatales.
Su mensaje final combinó una denuncia contra Washington con un llamado a la unidad, la producción y la aplicación de las nuevas medidas económicas.
El gobernante acusa a Estados Unidos de querer apropiarse de Cuba. Washington, por su parte, sostiene que sus sanciones buscan castigar la represión, la corrupción y las estructuras estatales que considera una amenaza para su seguridad.
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