El paquete presentado por Manuel Marrero incorpora banca privada, inversión extranjera, dólar, cambios salariales, menos subsidios y más mercado ante la crisis
El gobierno cubano presentó ante la Asamblea Nacional un paquete de transformaciones que incluye banca privada, compraventa de acciones, mayor espacio para la inversión extranjera, dolarización parcial, comercio exterior para privados y una reducción gradual de subsidios generalizados.
El gobierno cubano presentó este jueves ante la Asamblea Nacional del Poder Popular un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales con el que intenta responder a la crisis más grave que atraviesa la isla en décadas.
Las medidas fueron expuestas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz y aparecen agrupadas en 23 ejes fundamentales. Por su alcance, el plan constituye uno de los movimientos económicos más ambiciosos del régimen desde los años más duros del Período Especial.
El documento mantiene el lenguaje político tradicional de defensa del socialismo, pero introduce cambios que durante años fueron restringidos o rechazados: banca privada, mecanismos de mercado, compraventa de acciones, mayor inversión extranjera, dolarización parcial, flexibilización para el sector privado y nuevas reglas para empresas estatales.
Marrero presentó las transformaciones como una respuesta a un escenario marcado por la escasez de alimentos y medicamentos, apagones prolongados, caída de la producción, inflación persistente y un deterioro sostenido de las condiciones de vida de los cubanos.
El gobierno también busca aliviar el peso de un aparato estatal sobredimensionado y reanimar sectores clave como la agricultura, la energía, el turismo, el transporte, el comercio minorista, los servicios y la economía digital.
Aunque las autoridades insisten en que las medidas no implican un cambio de rumbo político, el contenido del paquete supone una apertura inédita a herramientas propias de una economía mixta.
Uno de los cambios más relevantes afecta a la empresa estatal, tradicionalmente presentada como el eje del modelo económico cubano.
El paquete propone otorgar mayor autonomía a esas entidades, permitirles realizar cualquier actividad económica lícita, descentralizar precios, flexibilizar el uso de utilidades y reducir el papel de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial.
También se abre la puerta a fusiones, liquidaciones, reestructuraciones, arrendamiento de activos estatales, procedimientos de quiebra y transformación de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones.
Una de las novedades más llamativas es la autorización para que empresas privadas y personas naturales puedan comprar acciones en determinados esquemas, un cambio que marca distancia con la rigidez histórica del modelo estatal.
El plan también amplía las facultades de las mipymes y cooperativas. Entre las propuestas figuran la aprobación de empresas pendientes, la reducción de trámites, la posibilidad de operar con más de 100 trabajadores, crear varias empresas, constituir sociedades anónimas y participar en estructuras accionarias.
Además, se prevé una reducción de actividades prohibidas, el impulso a empresas privadas agropecuarias, la creación de mercados de insumos y una plataforma nacional para encadenamientos productivos.
En la práctica, el gobierno reconoce un sector privado más amplio, complejo y necesario para sostener la actividad económica.
El eje de propiedad y gestión mantiene formalmente la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción, pero permite nuevas formas de participación económica.
El documento abre espacio a personas naturales, empresas privadas, cooperativas, inversionistas extranjeros y cubanos residentes en el exterior.
También reconoce el crecimiento del patrimonio privado y promueve un programa de inversión para cubanos dentro y fuera del país, una señal de que el gobierno busca captar capital en medio de la falta de divisas.
Otro punto clave es la modificación del sistema de planificación. El gobierno propone reducir la asignación administrativa de recursos y avanzar hacia una planificación financiera de mediano y largo plazo.
El sector privado quedaría incorporado a los planes económicos, con mayor acceso descentralizado a insumos, divisas, contratos estatales e inversiones.
El mensaje económico es claro: el Estado admite que ya no puede controlar todos los flujos productivos mediante órdenes centralizadas.
El eje bancario y financiero es uno de los más disruptivos del paquete.
Las medidas incluyen la creación de banca privada, instituciones financieras no estatales, microcréditos privados, cuentas en divisas sin autorización previa, activos virtuales, criptomonedas, fintech y nuevas funciones para Transfermóvil como entidad financiera.
En materia cambiaria, el documento contempla casas de cambio privadas, mercado cambiario digital, subastas de divisas, participación de actores privados y formalización privada de remesas.
Estos cambios buscan ordenar una economía donde el mercado informal de divisas ya tiene un peso decisivo.
El paquete también plantea una reforma fiscal con la implementación gradual del Impuesto al Valor Agregado, factura electrónica, incentivos por bancarización, actualización del impuesto sobre ingresos personales y beneficios fiscales sectoriales.
También se incluyen bonificaciones para actividades estratégicas, depreciación acelerada e incentivos para la inversión social.
El objetivo oficial es aumentar la recaudación, ordenar las operaciones económicas y ampliar el control tributario sobre el sector privado y estatal.
Uno de los puntos más sensibles es el cambio en la política de subsidios.
El gobierno propone avanzar gradualmente desde el subsidio generalizado a productos hacia subsidios focalizados en personas vulnerables.
Eso podría implicar la eliminación progresiva de subsidios a combustibles, electricidad, transporte, agua y otros servicios o producciones, con la creación de un Fondo de Protección Social.
La medida puede ser una de las más impopulares si se traduce en nuevos aumentos de precios para una población ya golpeada por la inflación.
La agricultura concentra varias transformaciones relevantes. El paquete propone ampliar el usufructo, eliminar el requisito de trabajo directo y facilitar el acceso a tierras o derechos productivos para personas naturales, empresas privadas, empresas mixtas y cooperativas.
También se plantea que las cooperativas puedan importar, exportar, gestionar financiamiento externo y abrir cuentas en el exterior.
En comercialización, el plan apunta a precios acordados entre productores y compradores, contratación libre, información pública de precios, mercados de insumos en divisas y acceso al mercado cambiario.
En energía, el gobierno propone participación privada y extranjera en combustibles, modernización de servicentros, estímulos para energías renovables, créditos para transición energética y nuevas facilidades para autos eléctricos.
En turismo, se contemplan arrendamientos, concesiones, venta de inmuebles, desarrollo inmobiliario, marinas, empresas mixtas, agencias privadas, guías privados, franquicias y nuevas modalidades de inversión.
En transporte, el paquete incluye eliminación de restricciones para adquirir vehículos, importación directa de autos eléctricos, exenciones fiscales y ensamblaje privado de motos y triciclos eléctricos.
El comercio y los servicios también quedan bajo una fuerte transformación.
El documento plantea mayor protagonismo para formas no estatales, mercados mayoristas abiertos, participación de entidades extranjeras, cadenas comerciales privadas, franquicias internacionales, licitaciones digitales y formalización de vendedores ambulantes.
Entre las medidas más llamativas aparece la autorización de importaciones comerciales por personas naturales, una decisión que podría modificar una parte importante del comercio informal en la isla.
El paquete dedica un eje a la digitalización y la inteligencia artificial.
Las medidas incluyen un marco nacional de IA, gobernanza de datos, exportación de servicios digitales, inversión extranjera en centros de datos, centros privados, telefonía IP, servicios de nube, redes móviles y fijas privadas, e incorporación de IA en compras públicas.
El gobierno también plantea reconocer el dato como factor de producción, una formulación que apunta a integrar la economía digital dentro del sistema productivo nacional.
Más allá del lenguaje oficial, el paquete de 176 medidas supone una admisión de que muchos mecanismos aplicados durante décadas no lograron generar crecimiento, eficiencia ni bienestar.
La apertura a la banca privada, la compraventa de acciones, la inversión extranjera en sectores más amplios, el uso de señales de mercado y la eliminación gradual de subsidios generalizados marcan un cambio profundo en la gestión económica.
El desafío será la implementación. El éxito o fracaso de estas reformas dependerá de la capacidad del Estado para aprobar normas, reducir trabas burocráticas, generar confianza, atraer capital y producir resultados concretos en una economía golpeada por la falta de divisas, la baja productividad y el deterioro social.
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