El régimen de Díaz-Canel fusionará agricultura, azúcar, pesca e industria alimentaria en un nuevo Ministerio de Agroalimentación en medio de la peor crisis productiva de las últimas décadas
El régimen cubano prepara una de las mayores reorganizaciones administrativas de los últimos años con la eliminación del Ministerio de la Agricultura y la creación de un nuevo Ministerio de Agroalimentación, una superestructura estatal que concentrará bajo una sola autoridad el control de la producción de alimentos en la isla.
La medida aparece recogida en un proyecto de ley firmado por Miguel Díaz-Canel y por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Esteban Lazo Hernández, cuya aprobación está prevista para la sesión parlamentaria de julio de 2026.
De entrar en vigor, el nuevo organismo asumirá competencias sobre agricultura, industria alimentaria, azúcar, bebidas, licores, pesca, actividad forestal y comercialización de estos sectores.
Según el texto oficial, el Ministerio de Agroalimentación será responsable de dirigir y controlar las políticas relacionadas con la producción agropecuaria, cañera y forestal, así como la industria alimentaria y la pesca.
La decisión concentra en una sola institución sectores estratégicos que hasta ahora operaban bajo estructuras independientes, ampliando el control estatal sobre toda la cadena de producción y distribución de alimentos.
La reforma llega cuando Cuba atraviesa una profunda crisis alimentaria, marcada por el desabastecimiento, la caída de la producción nacional y el incremento de las importaciones.
Los propios datos oficiales reflejan la gravedad de la situación.
Autoridades cubanas reconocieron recientemente que la producción nacional de huevos cayó de entre cuatro y cinco millones diarios a apenas 1,2 millones.
La superficie destinada al cultivo de arroz también se redujo drásticamente, pasando de una capacidad potencial cercana a las 200.000 hectáreas a unas 60.000 hectáreas sembradas.
A ello se suma la escasez crónica de combustible, que ha limitado severamente las actividades agrícolas en todo el país.
Actualmente, Cuba importa entre el 70% y el 80% de los alimentos que consume, con un costo estimado de unos 2.000 millones de dólares anuales.
La creación del Ministerio de Agroalimentación forma parte de una reestructuración más amplia de la Administración Central del Estado.
El proyecto reduce el número de ministerios de 27 a 20 mediante varias fusiones institucionales.
Entre ellas destaca la creación del Ministerio de Economía, Finanzas y Planificación, que concentrará funciones relacionadas con presupuesto, precios, impuestos, crédito público y planificación económica.
También surge el nuevo Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda, encargado de gestionar vivienda, urbanismo, ordenamiento territorial, recursos hidráulicos y medio ambiente.
Otro de los cambios más llamativos es la creación del Ministerio de Información y Comunicación Social, organismo que tendrá competencias sobre medios de comunicación, publicidad, comunicación institucional y promoción de la llamada Marca País.
La iniciativa ha generado críticas entre especialistas y economistas independientes.
El economista Pedro Monreal cuestionó la creación de esta nueva estructura y advirtió que podría concentrar un nivel de control informativo sin precedentes dentro del aparato estatal cubano.
La reforma también fortalece el papel del Banco Central de Cuba, cuyo presidente tendrá rango ministerial y formará parte directamente del Consejo de Ministros.
Paralelamente, el Gobierno anunció la creación del Instituto Nacional de Activos Económicos Estatales y Sociales (INAEES), entidad que supervisará más de 2.000 empresas estatales.
Diversos analistas consideran que esta medida supone una nueva fase de recentralización económica en momentos en que el país enfrenta una profunda crisis productiva, financiera y energética.
Las autoridades justifican la reforma asegurando que busca modernizar la administración pública, reducir estructuras burocráticas y aumentar la eficiencia del Estado.
Sin embargo, la creación simultánea de nuevos organismos de supervisión y control ha generado interrogantes sobre si el objetivo real es simplificar la gestión pública o fortalecer la centralización del poder económico y administrativo.
La transformación institucional comenzaría oficialmente 60 días después de la publicación de la ley en la Gaceta Oficial, mientras los organismos afectados dispondrán de hasta un año para completar el proceso de reorganización.
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