La administración Trump amplía las sanciones contra el aparato militar y empresarial del régimen cubano
La administración del presidente Donald Trump anunció este jueves una nueva ronda de sanciones contra altos funcionarios y entidades estatales de Cuba, en una medida dirigida a aumentar la presión económica sobre las estructuras militares que sostienen al régimen.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incorporó a seis funcionarios cubanos y cinco entidades estatales a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), además de ampliar las sanciones previamente impuestas al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera, y al jefe del Estado Mayor General, Roberto Legrá Sotolongo.
Marco Rubio: “Estados Unidos no tolerará un Estado canalla a 90 millas de nuestras costas”
Al anunciar las medidas, el secretario de Estado Marco Rubio defendió el endurecimiento de las sanciones y acusó al Gobierno cubano de representar una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.
“El régimen comunista cubano es un Estado patrocinador del terrorismo que espía a Estados Unidos, arma a radicales de izquierda violentos, difunde una ideología marxista nociva y sirve de plataforma de operaciones para Rusia, China e Irán a tan solo 90 millas de nuestras costas”, afirmó.
Rubio agregó que las nuevas sanciones buscan limitar la capacidad operativa y financiera de las estructuras militares cubanas.
También advirtió que personas, bancos y empresas extranjeras que mantengan relaciones comerciales con los sancionados podrían exponerse a medidas similares bajo la legislación estadounidense.
¿Quiénes fueron sancionados?
Entre los funcionarios incorporados a la lista de la OFAC figuran altos oficiales vinculados al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) y a la industria militar cubana.
Los nuevos sancionados son:
- Oscar Enrique Biosca Gallego, general de brigada y responsable de las finanzas de las FAR.
- Mónica Milián Gómez, agregada militar de Cuba en Rusia.
- Waldo Pérez Cortés, agregado militar de Cuba en China.
- José Antonio Remón Rodríguez, director de Relaciones Exteriores del MINFAR.
- Heriberto Sánchez Alleyne, director de la Unión de Industrias Militares (UIM).
- Roberto Jesús Viciana Mousset, oficial vinculado al aparato industrial militar.
Además, la OFAC amplió las sanciones existentes contra:
- Álvaro Victoriano López Miera, ministro de las FAR.
- Roberto Legrá Sotolongo, jefe del Estado Mayor General.
Cinco empresas estatales también fueron incluidas en la lista SDN
Las nuevas medidas alcanzan igualmente a varias entidades vinculadas al sector de defensa y a la industria militar cubana.
Las empresas designadas son:
- Tecnotex S.A.
- Tecnoimport
- Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin
- DUNA S.A.
- Unión de Industrias Militares (UIM)
Según el Gobierno estadounidense, estas organizaciones desempeñan un papel relevante en el sostenimiento económico y operativo del aparato militar cubano.
¿Qué implican las sanciones?
La inclusión en la Lista SDN supone el bloqueo de todos los bienes e intereses que los sancionados posean bajo jurisdicción estadounidense.
Asimismo, personas y empresas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con los individuos y entidades incluidos en la lista.
La administración también recordó que la Orden Ejecutiva 14404 contempla la posibilidad de imponer sanciones secundarias a instituciones financieras y empresas extranjeras que colaboren con los sancionados.
Las medidas forman parte de la estrategia de presión de la administración Trump
Las sanciones anunciadas este jueves se suman a otras adoptadas durante el segundo mandato de Donald Trump para restringir las fuentes de financiamiento del Gobierno cubano.
Entre ellas figuran la Orden Ejecutiva 14380, firmada en enero de 2026, y la Orden Ejecutiva 14404, emitida en mayo de este año, que ampliaron significativamente el marco legal para sancionar a personas y entidades vinculadas a sectores estratégicos de la economía cubana, incluidos energía, defensa, minería y servicios financieros.
Según Washington, la estrategia busca incrementar la presión económica y política sobre el régimen mediante restricciones dirigidas a las estructuras estatales que controlan buena parte de la actividad económica de la isla.