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Estados Unidos deportó este 18 de junio de 2025 a un grupo de 89 migrantes cubanos, quienes arribaron al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana en un vuelo fletado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta es la sexta operación aérea de repatriación ejecutada bajo la actual administración de Donald Trump, que desde enero ha endurecido el cumplimiento de las leyes migratorias.
Según un informe oficial del Ministerio del Interior (Minint) de Cuba, en el grupo viajaban 76 hombres, 12 mujeres y un menor de edad. Desde comienzos de año, las autoridades cubanas han recibido a un total de 676 ciudadanos deportados en 20 operaciones realizadas desde distintos países de la región.
Las deportaciones desde Estados Unidos se enmarcan en los acuerdos bilaterales de repatriación vigentes entre ambos países. Las operaciones aéreas se reanudaron en abril de 2023, tras haber estado suspendidas durante la pandemia.
Aunque la frecuencia de los vuelos suele ser de uno al mes, con un promedio de 50 repatriados por viaje, el vuelo más numeroso se registró el 30 de mayo pasado, cuando 130 cubanos fueron retornados a la Isla.
Pese al impacto que representa para los migrantes el regreso forzado a Cuba, la cifra de repatriados sigue siendo pequeña si se compara con los más de 42,000 cubanos en Estados Unidos que tienen órdenes finales de deportación.
El gobierno cubano mantiene restricciones para recibir a ciudadanos con antecedentes penales o que abandonaron el país antes de 2017. Esto ha llevado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a buscar alternativas, como la deportación de cubanos hacia terceros países poco habituales, entre ellos Sudán del Sur.
Mientras tanto, muchos cubanos permanecen en centros de detención migratoria en estados como Luisiana y Nuevo México, o han sido liberados bajo supervisión tras superar los plazos legales de retención.
Miami refuerza cooperación migratoria con ICE
En paralelo, la Comisión de la ciudad de Miami aprobó un acuerdo con ICE que permite a la policía local colaborar en la aplicación de leyes migratorias bajo el programa 287(g). Este convenio autoriza a los agentes locales a interrogar y detener a personas sospechosas de violar normas migratorias.
La medida, respaldada por tres comisionados y rechazada por dos, ha generado debate. El comisionado Damián Pardo calificó la decisión como una iniciativa “tóxica” y advirtió que podría aumentar el temor entre la comunidad migrante.
Por su parte, el jefe de la policía de Miami, Manny Morales, señaló que la colaboración se enfocará en casos específicos y no implicará persecuciones masivas contra personas en situación irregular. Este tipo de acuerdos ya está en vigor en otras localidades de Florida, como Doral y Coral Gables.
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