Pero la Corte Suprema de California señaló en un fallo emitido el jueves que no basta con marcar las casillas de un formulario: un acusado tiene que “comprender de manera significativa” las consecuencias legales de un acuerdo de culpabilidad.
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SUSCRIBITEEn su juicio, no hubo duda de que Angela Hernandez firmó un formulario en el que reconocía que podría ser deportada tras una condena penal. Un intérprete certificó que había traducido todo el formulario y su abogado estaba seguro de que Hernandez lo entendía.
Pero la Corte Suprema de California señaló en un fallo emitido el jueves que no basta con marcar las casillas de un formulario: un acusado tiene que “comprender de manera significativa” las consecuencias legales de un acuerdo de culpabilidad.
“De no haber sido por estos errores”, determinó el tribunal, “existe una probabilidad razonable de que hubiera rechazado la oferta de acuerdo y hubiera intentado negociar una declaración con consecuencias migratorias menos graves o habría llevado su caso a juicio”.
Hernandez fue acusada de dos delitos relacionados con drogas en el condado de Kern en 2013. Era ciudadana de México, pero había sido residente permanente legal de Estados Unidos durante 19 años. Tenía 55 años en el momento de su arresto, y su padre, esposo, hijos y nietos vivían en Estados Unidos.
En el juicio, se declaró culpable y puso sus iniciales en un formulario que dice: “ESTATUS DE EXTRANJERO: Entiendo que, si no soy ciudadana de Estados Unidos, mi declaración de culpabilidad o de no impugnación dará como resultado mi deportación, exclusión de admisión a Estados Unidos y denegación de naturalización conforme a las leyes de Estados Unidos. La deportación es obligatoria para algunos delitos. He hablado plenamente de este asunto con mi abogado y entiendo las graves consecuencias migratorias de mi declaración”.
Hernandez sostuvo en la apelación que aceptó el formulario, pero no entendió sus consecuencias.
“Bueno, porque si él es mi abogado y me está diciendo: ‘Firme aquí, ponga sus iniciales aquí’, yo voy a firmar”, declaró Hernandez ante el tribunal, según el fallo. “Yo también estaba muy nerviosa entonces”.
Su declaración la envió a la cárcel por 27 días de una condena de 180 días. Dos años después, obtuvo permiso del departamento estatal de libertad condicional para viajar a México. Cuando regresó al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, fue detenida por un agente de aduanas, quien inició un proceso de expulsión en su contra.
Desde entonces, Hernandez ha luchado para anular su condena anterior. Argumentó que su abogado había sido ineficaz, algo que fue rechazado por un juez de primera instancia y por un tribunal de apelaciones. Pero la Corte Suprema encontró errores legales y revocó la decisión.
La Corte Suprema determinó que, aunque Hernandez dijo “sí” cuando aceptó la cláusula sobre una posible deportación en su acuerdo, no demostró con sus acciones que la entendiera.
“Sus decisiones de solicitar y obtener permiso del departamento de libertad condicional para salir de Estados Unidos, viajar a México e intentar reingresar legalmente por un puerto de entrada respaldan la inferencia de que no ‘comprendió de manera significativa’ las consecuencias migratorias de su condena”, escribió el juez Joshua Groban en la opinión mayoritaria.
El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California instó al tribunal a mantener la condena de Hernandez. Pero grupos de defensores públicos y defensores de la inmigración presentaron escritos en los que argumentaron que los tribunales de California tenían políticas irregulares sobre cómo notifican a los acusados acerca de las consecuencias migratorias de las declaraciones de culpabilidad.
El tribunal ordenó al Tribunal de Apelaciones del 5to Distrito que devolviera el caso de Hernandez al tribunal de primera instancia y anulara sus condenas.
En una conformidad y disenso parcial, la jueza Carol Corrigan pidió que Hernandez “haga una exposición más completa” cuando el caso sea devuelto a un tribunal inferior.
“El tribunal de primera instancia puede resolver cuestiones fácticas y de credibilidad, y luego emitir una decisión adecuada considerando toda la evidencia pertinente”, escribió Corrigan. “Si el expediente que se produzca muestra que un error legal dañó su capacidad de comprender de manera significativa las consecuencias migratorias de su declaración y aceptarlas, debe concederse la moción”.
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Esta historia fue publicada originalmente por CalMatters y distribuida mediante una alianza con The Associated Press.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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