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SUSCRIBITEBUENOS AIRES (AP) — Un tribunal argentino dictó penas menores contra exfuncionarios y exempleados del organismo de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo por malversación de fondos públicos para un programa de construcción de viviendas sociales que impulsaba la entidad con financiamiento estatal.
Dos exfuncionarios responsables de la obra pública durante el gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, apoderados de la fundación Madres de Plaza de Mayo, recibieron el lunes condenas de dos años por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Como la pena es menor a los tres años, no irán a prisión.
La justicia confirmó que los acusados participaron del desvío de 206 millones de pesos (135.000 dólares al cambio actual) que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales, en el marco del proyecto “Sueños Compartidos” ideado por Madres de Plaza de Mayo.
Esta emblemática organización que nació durante la última dictadura militar (1976-1983) para reclamar por los miles de desaparecidos adoptó décadas después un perfil más político y social. Su líder Hebe de Bonafini, madre de dos jóvenes desaparecidos durante el régimen, era una ferviente defensora de las políticas de centro-izquierda impulsadas durante los gobiernos kirchneristas.
“Sueños compartidos” fue una iniciativa para la construcción de viviendas sociales con apoyo del Estado destinadas a familias de bajos recursos en distintos puntos del país.
Como responsables del proyecto figuraban los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, condenados a prisión perpetua por el asesinato de sus padres en 1981, uno de los casos más emblemáticos en la historia criminal del país. Recuperaron la libertad tras cumplir las dos terceras partes de una condena a prisión perpetua y años después asumieron como apoderados de las Madres de Plaza de Mayo.
Según la fiscalía, en la causa “Sueños compartidos” la prueba documental, pericial y financiera “demuestra de manera inequívoca que no se trató de una negligencia administrativa sino de una maquinaria criminal diseñada desde el Estado y la Fundación para saquear el erario público bajo el escudo de la vivienda social”.
Los fiscales dieron por probado que los Schoklender junto con los funcionarios públicos “orquestaron” la maniobra para sustraer dinero previsto en el presupuesto nacional. La mayoría de las obras quedaron abandonadas e inconclusas.
Hebe de Bonafini estuvo acusada en esta pesquisa, pero murió en 2022.
Si bien la acusación solicitó de cuatro a seis años de prisión para los nueve acusados, el tribunal condenó con penas de dos años y meses al exsecretario de Obra Pública, José López; al exsubsecretario de ese organismo, Abel Fatala y a los hermanos Schoklender.
En tanto que los jueces absolvieron al exministro de Planificación, Julio De Vido, y a otros cuatro exfuncionarios.
Madres de Plaza de Mayo no se pronunció sobre el fallo de el lunes.
FUENTE: AP
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