Petro ha rechazado las acusaciones de corrupción y sostiene que nunca utilizó recursos o cargos públicos para obtener favores personales.
Deicy Jiménez publica un video íntimo y asegura que demuestra su versión
La publicación del video constituye el episodio más reciente de una controversia que comenzó semanas atrás con las declaraciones públicas de Jiménez.
La excontratista afirmó que decidió difundir las imágenes para respaldar sus denuncias.
“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad”, escribió en Instagram.
En el mismo mensaje solicitó protección para ella y su familia.
Jiménez aseguró que teme posibles represalias relacionadas con sus declaraciones y pidió a las autoridades garantizar su seguridad.
También responsabilizó públicamente a Petro en caso de que ella o sus familiares sufran algún daño.
Estas afirmaciones reflejan los temores expresados por la denunciante, pero no constituyen evidencia de que el expresidente haya ordenado amenazas o acciones contra ella.
La publicación tampoco especifica cuándo fue grabado el video.
Por tanto, no se ha establecido si corresponde a un período anterior, contemporáneo o posterior a la Presidencia de Petro.
¿De qué acusa Deicy Jiménez al expresidente Gustavo Petro?
La denunciante sostiene que durante la administración de Petro existió un supuesto mecanismo mediante el cual se ofrecían contratos de prestación de servicios a mujeres a cambio de relaciones íntimas.
Jiménez afirmó que esta práctica habría afectado a más de treinta mujeres.
La acusación implica posibles irregularidades relacionadas con la utilización de recursos públicos y los procedimientos de contratación estatal.
Sin embargo, las afirmaciones continúan siendo objeto de investigación y no equivalen a hechos judicialmente demostrados.
Las autoridades deberán determinar si existieron contrataciones irregulares, si hubo solicitudes de favores sexuales vinculadas a decisiones administrativas y quiénes habrían participado en los hechos denunciados.
La diferencia entre una relación personal y un intercambio indebido de contratos públicos constituye uno de los puntos centrales del caso.
Gustavo Petro rechaza las acusaciones y asegura que nunca intercambió contratos por favores sexuales
Después de la difusión del video, Petro respondió mediante su cuenta de X.
El expresidente negó haber utilizado contratos estatales para obtener beneficios íntimos.
También sostuvo que las mujeres que trabajaron durante su administración fueron seleccionadas por sus capacidades y méritos profesionales.
En su respuesta, señaló que ningún juez ni perito había examinado todavía las imágenes difundidas.
Asimismo, cuestionó que no se conozcan con certeza la fecha y las circunstancias en que se produjo la grabación.
Petro aseguró que respetará la reserva judicial establecida en el procedimiento y que presentará su defensa ante las autoridades competentes.
Desde que surgieron las primeras acusaciones, el exmandatario había rechazado categóricamente haber ofrecido contratos a cambio de relaciones sexuales.
Su posición ha sido que conocer personalmente a una contratista no demuestra la existencia de corrupción.
El video no demuestra por sí solo la existencia de contratos irregulares
Uno de los aspectos jurídicos fundamentales es el valor probatorio de las imágenes.
El material podría ser relevante para determinar si existió algún vínculo personal entre las personas que aparecen en la grabación.
Sin embargo, para demostrar un presunto intercambio de contratos por favores sexuales serían necesarios otros elementos.
Entre ellos podrían figurar comunicaciones, documentos administrativos, testimonios, decisiones de contratación y pruebas que permitan establecer una relación directa entre los supuestos encuentros y la adjudicación de recursos públicos.
Además, las autoridades tendrían que determinar la autenticidad del video y las circunstancias de su obtención.
Personas cercanas a Petro, consultadas por EL PAÍS, sostienen que las imágenes muestran una relación consensuada y que no prueban las acusaciones formuladas contra el expresidente.
Esa interpretación también corresponde a una de las partes involucradas y deberá distinguirse de las conclusiones que eventualmente adopten las autoridades judiciales.
La Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema examinan las denuncias
Las acusaciones provocaron actuaciones de diferentes instituciones colombianas.
Según el reporte original, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría iniciaron indagaciones sobre los señalamientos.
Jiménez también compareció ante la Corte Suprema de Justicia para presentar su versión.
La intervención de estas instituciones responde a la necesidad de determinar si existen elementos que justifiquen actuaciones adicionales.
Sin embargo, la apertura de investigaciones no implica que las acusaciones hayan sido probadas.
Tampoco significa que exista una condena o una declaración judicial de responsabilidad contra Petro.
El proceso deberá establecer la autenticidad de las pruebas, las circunstancias de los contratos y la posible participación de funcionarios públicos.
Los diez contratos estatales de Deicy Jiménez que aparecen en SECOP
Uno de los elementos documentales mencionados en la investigación periodística es el historial de contratación estatal de Jiménez.
Siete contratos aparecen relacionados con el Senado, incluido uno de apoyo a la senadora María José Pizarro durante su etapa como primera vicepresidenta de esa corporación entre 2023 y 2024.
Otros dos corresponden a una dependencia del Ministerio del Interior relacionada con proyectos de seguridad y convivencia ciudadana.
El décimo figura vinculado a la Superintendencia de Vigilancia.
La existencia de esos contratos constituye un dato administrativo que puede ser examinado por los investigadores.
Sin embargo, no permite concluir que las contrataciones fueran irregulares ni que Petro hubiera intervenido personalmente en su adjudicación.
La abogada de Jiménez anuncia que entregará el video a la justicia
El caso también ha generado preocupación por la seguridad de la denunciante y de sus representantes legales.
A comienzos de la semana, el abogado que inicialmente representaba a Jiménez anunció su retiro del procedimiento.
El profesional afirmó que había recibido amenazas y que su decisión respondía a razones de seguridad.
Posteriormente, la abogada Dina Luz Malo asumió su representación.
En una comunicación pública, Malo informó que entregará el material audiovisual a las autoridades judiciales.
También denunció que personas no identificadas habrían fotografiado a Jiménez el 3 de noviembre.
Según la abogada, su representada ha recibido amenazas y dispone actualmente de medidas de protección.
No se ha establecido públicamente quiénes serían los responsables de esos hechos.
La publicación del video abre un debate sobre privacidad y consentimiento
La difusión de imágenes íntimas también plantea interrogantes jurídicos independientes de las acusaciones de corrupción.
El entorno de Petro ha cuestionado las circunstancias en las que se habría grabado y publicado el material.
Según personas cercanas al expresidente consultadas por EL PAÍS, podrían existir implicaciones legales si las imágenes fueron obtenidas o difundidas sin el consentimiento correspondiente.
La legislación colombiana protege diferentes aspectos de la intimidad y los datos personales.
La eventual responsabilidad por una grabación o publicación dependerá de las circunstancias concretas, del contenido, de las personas involucradas y de la valoración de las autoridades competentes.
En consecuencia, la investigación sobre posibles contratos irregulares y las cuestiones relacionadas con la privacidad del video deben analizarse por separado.
Petro denuncia una supuesta operación política para perjudicar su imagen
El expresidente también ha sostenido que las acusaciones forman parte de una operación política dirigida contra su reputación.
Petro atribuyó públicamente la difusión de aspectos de su vida privada a personas relacionadas con el Gobierno de Abelardo de la Espriella.
Asimismo, afirmó que la controversia podría estar siendo utilizada para desviar la atención de otras decisiones gubernamentales.
Entre ellas mencionó una ley relacionada con las penas aplicables a determinados delitos de narcotráfico, que anunció que su abogado impugnaría.
Estas afirmaciones representan la interpretación política del expresidente.
El material proporcionado no incluye pruebas independientes que permitan establecer la existencia de una operación coordinada contra él.
Las denuncias sobre presuntas contrataciones a cambio de sexo amplían la controversia
El caso también incluye declaraciones de otros funcionarios sobre supuestas prácticas de contratación durante la administración anterior.
Según el reporte, Carlos Ríos, responsable del Departamento Administrativo de la Presidencia, mencionó ante el Legislativo a 48 mujeres que presuntamente habrían sido utilizadas mediante contratos de prestación de servicios.
Se trata de un señalamiento distinto del formulado por Jiménez, quien habló de más de treinta mujeres.
Ambas cifras corresponden a acusaciones atribuidas a personas concretas y no deben presentarse como un número confirmado de víctimas o contrataciones irregulares.
Las autoridades deberán establecer si existe relación entre esos señalamientos y si cuentan con respaldo documental.
¿Qué puede ocurrir ahora con la investigación contra Gustavo Petro?
La publicación del video podría incorporar un nuevo elemento al expediente, siempre que sea presentado formalmente y evaluado conforme a los procedimientos judiciales.
Las autoridades tendrán que determinar su autenticidad, contexto y eventual relevancia para las acusaciones.
También deberán examinar los contratos registrados, las declaraciones de la denunciante y las respuestas del expresidente.
Por ahora, no se ha informado de una decisión judicial definitiva sobre los hechos.
La controversia enfrenta dos versiones: Deicy Jiménez sostiene que existieron contratos públicos vinculados a favores sexuales, mientras Gustavo Petro niega categóricamente esa práctica. La publicación del video no resuelve por sí sola las acusaciones, que permanecen bajo investigación.
