“Para este gobierno es de máxima importancia toda información que contribuya a esclarecer los hechos ocurridos durante ese período... para dar con los responsables de los actos de violencia”, dijo en una rueda de prensa el ministro de Exteriores.
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SUSCRIBITEChile solicita al embajador de EEUU que brinde detalles sobre estallido social de 2019 y 2020
SANTIAGO (AP) — El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, recibió el miércoles al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para solicitarle más información sobre sus polémicos dichos acerca de que la inteligencia estadounidense tiene “evidencias” del rol de organizaciones de la izquierda en los violentos disturbios que paralizaron el país en 2019 y 2020.
ARCHIVO - Unos manifestantes corren junto a una parada de autobús en llamas mientras buscan refugio de la policía durante los enfrentamientos que se produjeron tras una manifestación contra el presidente Sebastián Piñera en la que se exigía la liberación de los manifestantes antigubernamentales detenidos desde que comenzaron las protestas antigubernamentales en 2019, en Santiago de Chile, el 27 de noviembre de 2020. (Foto AP/Esteban Félix, archivo). AP
La cita se produce un día después de que el diplomático estadounidense asegurara en una entrevista televisiva que un análisis de la inteligencia de Estados Unidos vincula la violencia vivida en el estallido social chileno con organizaciones y activistas de izquierda.
No obstante, hasta hoy no han sido identificados de forma oficial potenciales líderes de las manifestaciones que pusieron en jaque el sistema político del país.
Consultado sobre las críticas de distintos sectores políticos a esos dichos y a la supuesta injerencia del diplomático estadounidense en asuntos internos, Pérez Mackenna aseveró que “los embajadores no deben opinar sobre la política interna en los países en que están”.
“Eso lo hemos hecho saber al embajador ya en varias oportunidades y hoy día es exactamente uno de los temas que tocamos”, afirmó.
A finales de 2019, Chile registró una serie de protestas para pedir transformaciones estructurales y una nueva Constitución. Las manifestaciones se alargaron durante varios meses y pronto se convirtieron en los disturbios más violentos registrados en la nación sudamericana desde el regreso de la democracia en 1990.
En la entrevista Judd dijo que “la evidencia apunta” a esos izquierdistas, aunque reconoció que no ha entregado dichos antecedentes a la justicia chilena. Agregó que, en caso de que el gobierno chileno solicitara “inteligencia específica”, Chile y Estados Unidos son “naciones que comparten información de inteligencia”.
De acuerdo a los datos oficiales de la fiscalía, el estallido social dejó entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020 más de 20.000 víctimas, entre ellas una treintena de fallecidos y 464 personas que sufrieron trauma ocular por la violencia institucional perpetrada por agentes del Estado.
Las investigaciones igualmente indicaron que la protestas no tuvieron líderes formales ni una organización centralizada, ya que surgieron como una demostración estudiantil contra la tarifa del transporte público y pronto se convirtieron en masivas movilizaciones espontáneas que aglutinaron a distintos sectores de la ciudadanía.
Tras las declaraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó a Judd y le solicitó formalmente que entregue cualquier información relacionada con los episodios de violencia en aquellos meses para derivarla a la fiscalía y otros organismos investigativos.
Sin embargo, a su salida de la sede de Cancillería, Judd se desdijo de sus dichos y explicó que Estados Unidos no ha realizado una “investigación independiente” sobre el estallido social. Lo que hizo, acotó, fue “revisar e investigar la información que salía de Chile” a través de fuentes abiertas.
"Nosotros tenemos la misma información que tiene su policía. Nosotros solo recibimos la información que fue recopilada aquí mediante fuentes abiertas de información”, dijo el diplomático a los periodistas.
Las declaraciones del embajador han generado malestar y desataron una fuerte respuesta política de los principales partidos del país. Además, diputados de la oposición presentaron el mismo miércoles una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue una posible violación de la ley de Inteligencia del país.
FUENTE: AP
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