Por segunda semana consecutiva, las organizaciones feministas y sociales llamaron a protestas en diversas ciudades del país para exigir la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, en rechazo a las rebajas de condenas brindadas por el gobierno a más de medio centenar de condenados por abusar y violar a menores.
La decisión del gobierno chileno de otorgar 56 reducciones de pena a sentenciados por delitos sexuales contra niños —27 por abuso sexual y 29 por violación-- ha desatado una profunda crisis política en el país y puesto contra las cuerdas la administración de José Antonio Kast, en el poder desde marzo.
Con máscaras, pañuelos, pancartas y entonando el aclamado cántico, nacido en la costera ciudad de Valparaíso durante las masivas protestas de 2019 en Chile, los manifestantes se concentraron en lugares claves de varias ciudades, entre ellas el Palacio de La Moneda de Santiago y el Congreso Nacional en Valparaíso.
“Es una vergüenza y es una rabia que se siente”, expresó la manifestante Marcela Rivera. “La gente tiene que saber que, para que un violador esté en la cárcel, son procesos larguísimos, son penas, son llantos... para que este compadre (Rabat) haga lo que hizo”.
Fue en noviembre de 2019 cuando Chile atravesó su periodo más convulso desde el regreso de la democracia en medio de masivas protestas por cambios estructurales y una nueva Constitución, que la performance “Un violador en tu camino” se estrenó en las calles del país.
Creado por el colectivo Las Tesis en pleno estallido social, las palabras de denuncia contra el patriarcado y la violencia de género rápidamente se convirtieron en himno feminista y un fenómeno global, siendo replicadas en marchas y protestas alrededor del mundo, como en la Ciudad de México, Nueva York, Estambul, Berlín y Barcelona.
Kast, quien se encuentra en visita oficial a España e Italia, ha respaldado a su ministro, mientras que Rabat defendió la gestión de su cartera en una sabatina ante los parlamentarios para brindar explicaciones sobre los beneficios otorgados.
Sin embargo, las fricciones han alcanzado su punto álgido esta semana, con partidos tanto de la oposición como del oficialismo, además de sectores de la sociedad civil, presionando por la salida del ministro.
“Lo que nos convoca es la impunidad, el abuso. Es una burla para todas las mujeres, para todo el ser humano”, subrayó la feminista Cristina Bialma. “Pero principalmente la defensa de los niños y niñas que han sido dañados por esta medida que ha tomado el gobierno de José Antonio Kast”.
La oposición anunció que prepara una acusación constitucional, una suerte de juicio político con fines de destitución - en contra de Rabat, la que deberá ser entregada en los próximos días de lograrse los apoyos necesarios.
Esta semana se sumó además un frente penal al escándalo después de que el fiscal nacional, Ángel Valencia, abordara una denuncia judicial presentada por diputados en contra del titular de Justicia.
“La fiscalía no investiga errores políticos", expresó Valencia el martes en una entrevista radial con Tele13. “Nuestra responsabilidad es esclarecer los hechos que pudieron revestir caracteres de delitos. Pueden haber cosas muy feas, que a la gente le desagrade profundamente, pero si no son delitos, escapan de nuestras atribuciones”.
En un intento de calmar los ánimos, Kast ha impulsado un proyecto de ley que busca modificar la normativa que prevé la reinserción social de condenados a través de la reducción de sus condenas, siempre y cuando demuestren buen comportamiento en la cárcel.
Asimismo, el Ejecutivo removió de su cargo al entonces subsecretario de Justicia, Luis Silva, cuya firma directa estampó varios de los polémicos decretos a favor de los agresores sexuales de menores mientras se desempeñaba como ministro subrogante de la cartera.
FUENTE: AP